Ni parcial ni condicionada: así es como Amnistía Internacional exigió la liberación «inmediata e incondicional» de las centenares de personas que permanecen detenidas arbitrariamente en Venezuela. La organización cuestionó, además, que las recientes excarcelaciones no se hayan extendido a todas las víctimas de esta violación de derechos humanos.
En un comunicado publicado en sus cuentas oficiales en redes sociales, Amnistía también rechazó que algunas liberaciones estén sujetas a condiciones y restricciones de derechos, y lamentó que declaraciones de altos funcionarios hayan generado expectativas entre los detenidos y sus familiares que después no se concretaron.
Con información de Monitoreamos
Nombres detrás de las cifras
La organización pidió el cese de las detenciones arbitrarias y de las violaciones de derechos humanos asociadas a ellas, y mencionó los casos de Jonathan Delgado, Nudre Chourio, Olbis Dirinot, Rafael Guedes, Renny González y Roberto Pérez, entre otros. Asimismo, expresó preocupación por el desconocimiento de la suerte y el paradero de Jorgen Guanares, quien permanece desaparecido desde agosto de 2024, y por la falta de atención médica adecuada para Juan Carlos Marrufo, pese a su urgente necesidad de tratamiento.
Amnistía Internacional también alertó sobre recientes denuncias de presuntas torturas, desapariciones forzadas y malos tratos en el centro penitenciario Rodeo I.
La organización advirtió, además, que las personas excarceladas tras sufrir detenciones arbitrarias por motivos políticos no deben enfrentar nuevos procesos penales arbitrarios ni restricciones abusivas de sus derechos, y citó los casos de Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Rocío San Miguel, Emirlendris Benítez y María Auxiliadora Delgado, quienes pese a estar en libertad continúan bajo la sombra de esos procesos.
La organización calificó de «atroz» la falta de transparencia sobre los detenidos por motivos políticos, y pidió al régimen venezolano garantizar pleno acceso a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de documentar y dar seguimiento a las presuntas violaciones.
