El Banco Central de Venezuela (BCV) reportó que el bolívar se depreció un 13,11% frente al dólar en el mercado oficial, cerrando el mes en 125,42 bolívares por dólar, frente a los 108,97 de inicios de julio. Esta caída, sumada a la pérdida del 51,4% en el primer semestre, refleja la crisis económica impulsada por el régimen de Nicolás Maduro, acusado de crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional (CPI).
La devaluación, junto con la inflación del 105,5% hasta mayo según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), ha disparado los precios de bienes y servicios, erosionando el poder adquisitivo de los venezolanos y exacerbando la crisis humanitaria.
El dólar, referencia principal para transacciones en Venezuela, duplicó su valor oficial desde los 52,57 bolívares en enero hasta los 108,18 en junio, según el BCV. En el mercado paralelo, el dólar alcanzó los 139 bolívares en mayo, según The New York Times, evidenciando un diferencial del 27% que fomenta la especulación. Tarek William Saab, fiscal del régimen, anunció la detención de 58 personas por supuestas “mafias cambiarias”, acusándolas de manipular el tipo de cambio paralelo para “desestabilizar” la economía, según El Nacional.
Una economía colapsada por la represión
La devaluación del bolívar, descrita por el economista José Guerra como una “espiral inflacionaria”, está ligada a la falta de dólares en el mercado oficial y la dependencia del petróleo, que representa el 90% de los ingresos en divisas. La cancelación de la licencia de Chevron en mayo de 2025, impuesta por la administración Trump tras el incumplimiento del Acuerdo de Barbados, limitó los ingresos petroleros, según Reuters. Aunque el régimen reportó un aumento del 3,6% en la producción petrolera (1.069.000 barriles diarios en junio), la falta de inversión y sanciones han reducido la capacidad de PDVSA, según Bloomberg.
El Producto Interno Bruto (PIB) creció un 9% en el primer trimestre, según el régimen, pero un grupo independiente estima una contracción del 2% en el semestre debido a la caída del sector no petrolero y la falta de financiamiento. La inflación, que alcanzó el 229% anualizado en mayo según el OVF, ha disparado los costos: un kilo de harina de maíz pasó de 52,96 a 62,20 bolívares entre 2022 y 2025. El salario mínimo, congelado en 130 bolívares (1,2 dólares mensuales), es insuficiente, mientras el “ingreso contra la guerra económica” de 120 dólares y un bono de alimentación de 40 dólares no compensan la pérdida de poder adquisitivo.
Crímenes de lesa humanidad y silenciamiento económico
El régimen ha intensificado la represión para controlar la narrativa económica, arrestando a economistas y cerrando plataformas como Monitor Dólar, según The New York Times. Estas acciones, calificadas como crímenes de lesa humanidad por su carácter sistemático, buscan ocultar la inflación y la devaluación, mientras 853 presos políticos, según Foro Penal, sufren aislamiento prolongado. María Corina Machado denunció que Maduro lidera “una estructura criminal” que usa el Cártel de los Soles, sancionado por EE. UU., para financiar la opresión.
La resistencia, liderada por Machado y Edmundo González, reclama la victoria electoral del 28 de julio de 2024, respaldada por actas que confirman el 67% de los votos. La presión internacional, con sanciones y recompensas de 65 millones de dólares por Maduro y sus aliados, busca desmantelar un régimen que agrava la crisis con devaluaciones y represión. Mientras el bolívar colapsa, el pueblo venezolano lucha por su libertad y dignidad.
