La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este 6 de agosto de 2025 ante la OEA una intensificación de la represión en Venezuela desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, calificadas de fraudulentas por la oposición y la propia OEA. La relatora para Venezuela, Gloria de Mees, advirtió que el régimen de Nicolás Maduro ha instaurado un “clima de miedo” sistemático que no solo afecta a defensores de derechos humanos, periodistas y opositores, sino a toda la población.
“La vigilancia del gobierno genera autocensura generalizada por temor a represalias”, afirmó De Mees a EFE, destacando detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y cancelaciones de pasaportes como herramientas para silenciar a la sociedad venezolana.
Tras el polémico anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dio la victoria a Maduro sobre Edmundo González Urrutia, la represión se disparó. La CIDH documentó 25 asesinatos durante protestas postelectorales, más de 2,000 detenciones arbitrarias y casos de tortura en centros como El Helicoide. Foro Penal reporta 807 presos políticos al 4 de agosto de 2025, incluyendo 95 mujeres y 4 adolescentes, con 652 sin condena formal. “La situación no es nueva, pero ahora es sistemática”, subrayó De Mees, señalando que el régimen ha ampliado su persecución a ciudadanos comunes, generando un impacto devastador en 2025.
Ataques a la libertad y la verdad
La libertad de expresión también está bajo asedio. Espacio Público registró 18 violaciones en julio de 2025, incluyendo el cierre del canal Telecolor y detenciones de periodistas como Ángel Godoy. La CIDH denunció la cancelación de pasaportes de comunicadores y activistas, como el caso de Víctor Ugas, cuya salud deteriorada preocupa a Amnistía Internacional. Además, el ataque de colectivos armados a las madres del Comité de Madres en Defensa de la Verdad frente al TSJ el 5 de agosto evidencia la complicidad de las fuerzas de seguridad, según Provea. “El régimen busca aplastar cualquier voz disidente”, afirmó María Corina Machado, líder opositora.
Impunidad y complicidad del régimen
La OEA, bajo el nuevo secretario general Albert Ramdin, reiteró que los resultados electorales carecen de verificación, exigiendo al CNE las actas oficiales. La CIDH pidió la liberación inmediata de los presos políticos y el cese de la criminalización de periodistas y activistas. Sin embargo, el régimen, respaldado por una cúpula militar corrupta y redes como el Tren de Aragua, según el teniente general Leonard F. Anderson, mantiene su maquinaria represiva. El canje de presos que liberó a Alex Saab y a presuntos criminales como Yordano Contreras y Luis Morillo, investigados en Chile, refuerza la percepción de impunidad.
De Mees enfatizó que la CIDH mantendrá su mandato independiente, incluso ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, para visibilizar la crisis venezolana. “Los venezolanos no están solos”, aseguró, urgiendo a la comunidad internacional a mantener a Venezuela en la agenda. La Corte Penal Internacional debe avanzar en su investigación por crímenes de lesa humanidad, mientras sanciones de EE. UU. y la UE, como los aranceles del 15% a Venezuela, deben intensificarse. La lucha por la democracia, liderada por figuras como Machado y González, exige justicia para las víctimas y el fin de la represión sistemática del régimen de Maduro.
