La activista Albany Colmenares, secretaria política del partido Vente Venezuela en el estado Carabobo, fue secuestrada en la ciudad de Valencia, según denunció el partido en un comunicado difundido a través de redes sociales.
Este incidente se suma a una serie de eventos que reflejan la creciente tensión política en el país, especialmente tras las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Según la información proporcionada por Vente Venezuela, Colmenares llevaba meses en la clandestinidad debido a la persecución política que enfrentó tras los comicios, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE), alineado con el régimen de Nicolás Maduro, lo proclamó ganador, mientras la oposición, liderada por figuras como María Corina Machado y Edmundo González, presentó pruebas que sugerían un resultado diferente.
Estas elecciones han sido calificadas como fraudulentas por diversos observadores internacionales, lo que ha intensificado las protestas y la represión en el país. El secuestro de Colmenares ocurre en un contexto de creciente represión contra opositores. Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han documentado un aumento en las detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas desde las elecciones.
Según un informe de HRW de 2017, actualizado con datos recientes, las fuerzas de seguridad venezolanas han utilizado tácticas brutales, como golpizas y torturas, para silenciar a la disidencia. Desde julio de 2024, se han reportado cerca de 2,000 arrestos relacionados con protestas postelectorales, incluyendo a menores de edad, y al menos 24 personas han perdido la vida en incidentes vinculados a estas manifestaciones. Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, ha sido uno de los partidos más activos en la denuncia del supuesto fraude electoral. Colmenares, como figura clave en Carabobo, había estado trabajando en la organización de actividades para visibilizar estas denuncias, lo que probablemente la convirtió en un blanco de las autoridades.
Aunque no se han proporcionado detalles oficiales sobre su detención, el comunicado de Vente Venezuela señala que fue interceptada por «esbirros de la dictadura», un término que refleja el tono de confrontación entre la oposición y el gobierno. El régimen de Nicolás Maduro, por su parte, no ha emitido declaraciones específicas sobre el caso de Colmenares, pero ha justificado acciones similares en el pasado como medidas contra «conspiraciones» y «golpes de Estado». En septiembre de 2024, las autoridades venezolanas detuvieron a seis extranjeros, incluyendo tres estadounidenses, acusándolos de planear un complot para asesinar al presidente Maduro, una acusación que fue desmentida por el Departamento de Estado de EE. UU.
Este tipo de narrativas han sido recurrentes para justificar la represión de opositores y activistas. La comunidad internacional ha expresado preocupación por la situación en Venezuela. Países como Estados Unidos, Canadá y miembros de la Unión Europea han impuesto sanciones a funcionarios venezolanos, mientras que la Corte Penal Internacional mantiene una investigación abierta por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el régimen de Maduro. Sin embargo, las sanciones y la presión diplomática no han logrado frenar la escalada de represión.
El caso de Albany Colmenares pone de manifiesto la fragilidad del espacio cívico en Venezuela, donde la persecución política y la violencia estatal han generado un clima de miedo. Organizaciones no gubernamentales y líderes opositores han instado a la comunidad internacional a intensificar sus esfuerzos para garantizar la liberación de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el paradero de Colmenares y las condiciones de su detención mantienen en vilo a sus compañeros y simpatizantes, quienes exigen su inmediata liberación.
