El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia ha asegurado que el informe de la Misión de Determina de Hechos para Venezuela ha confirmado la existencia de una política de Estado “que ha derivado en crímenes de lesa humanidad”.
A través de una publicación en su cuenta de la red social X (Twitter), el presidente señaló que la presentación de informe en Ginebra documenta con detalle las violaciones graves de Derechos Humanos en Venezuela.
“Asesinatos en el marco de protestas, muertes bajo custodia del Estado, tortura sistemática, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, persecución política y muchas más. Estos hallazgos confirman la existencia de una política de Estado que ha derivado en crímenes de lesa humanidad”, dijo.
Con información de El Nacional
Y agregó: “Hay verdades que no admiten discusión. Frente a la tortura, la violencia sexual, la desaparición forzada o la muerte, no puede haber transigencia ni justificación alguna. Lo presentado por la Misión Determinación de los Hechos no admite interpretación ni matices, son hechos documentados que interpelan a todos”.
Edmundo González dijo además que las voces expresadas hoy en el Consejo de Derechos Humanos son un paso necesario, “pero insuficiente frente a la magnitud de lo constatado. Venezuela necesita la solidaridad activa y sostenida de las naciones democráticas”.
“Nuestro compromiso es trabajar por el retorno de la democracia, la vigencia plena de los derechos humanos y el acceso a la justicia. Solo así será posible construir la paz sobre la base de la verdad y la dignidad de las víctimas”, concluyó.
Informe de la Misión de la ONU
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU presentó este lunes un informe en el que concluyó que la represión en el país se profundizó tras las elecciones presidenciales de julio de 2024 y confirmó que sigue ocurriendo «el crimen de persecución por razones políticas».
En el documento, entregado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, la Misión subrayó que, ante las manifestaciones que se desataron tras los resultados electorales ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral, el gobierno de Nicolás Maduro puso en operación “los métodos más duros de su maquinaria represiva” y destacó que la persecución política «ha continuado en 2025 contra aquellos que defienden los derechos humanos y las libertades».
Además, expuso con detalle los asesinatos que se registraron en las protestas, las muertes bajo custodia estatal, las más de 2.200 detenciones arbitrarias, las torturas, las desapariciones forzadas y la violencia sexual, todo ello enmarcado en una estrategia de persecución política que, según la Misión, constituye crímenes de lesa humanidad.
“La Misión ha determinado que las personas privadas arbitrariamente de la vida entre el 28 y 30 de julio de 2024 asciende a 25. El Ministerio Público situó la cifra en 28, de las cuales 22 coincide con la Misión. Las 6 personas adicionales presentadas por las autoridades no forman parte del mismo contexto de electoral, según las investigaciones de la Misión”, detalló la abogada portuguesa Marta Valiñas, presidenta de esa instancia durante la presentación del informe.
Añadió que el Estado venezolano ha atribuido las muertes a la oposición por intermedio de sus activistas, criminales contratados o de bandas delincuenciales “y al mismo tiempo, ha exculpado de estas muertes a los cuerpos de seguridad”.
Sin embargo, la investigación de la Misión no ha revelado indicio de que la oposición pudiera estar implicada en la muerte de los manifestantes.
Valiñas señaló que la Misión estará presentando en las próximas semanas un informe con las conclusiones detalladas sobre la responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana en violaciones de derechos humanos y delitos internacionales documentados por la Misión en los últimos años.
