El régimen de Nicolás Maduro respondió a la propuesta del presidente salvadoreño Nayib Bukele de intercambiar a 252 migrantes venezolanos detenidos en la megacárcel CECOT por igual número de presos políticos encarcelados en Venezuela, calificando la oferta como una “puñalada en el Domingo de Resurrección”.
Durante su programa televisivo «Con Maduro +», el mandatario acusó a Bukele de ser un “violador serial de derechos humanos” y lo comparó con el nazismo. Exigió pruebas de vida, acceso a abogados y familiares, y calificó la reclusión de los venezolanos en El Salvador como un acto de “desaparición forzada”.
“Dos meses después de no saber de ellos, por primera vez, cuando los católicos estamos celebrando que Cristo resucitó, mete la puñalada y reconoce que tiene 252 venezolanos en cárceles a su disposición, sin juicio y sin derecho a la defensa”, dijo Maduro.
Crisis diplomática y silencio oficial
Desde que se conoció el traslado de cientos de migrantes venezolanos a la prisión de máxima seguridad CECOT, construida para líderes de pandillas, las gestiones del régimen chavista se han limitado a declaraciones y mensajes en redes sociales. El propio fiscal general del régimen Tarek William Saab solicitó la intervención del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y anunció la contratación de un bufete legal en El Salvador, a pesar de que no existen relaciones diplomáticas entre ambos países.
Familiares de los detenidos firmaron autorizaciones ante la sede de Naciones Unidas en Caracas para impulsar recursos legales como habeas corpus. Sin embargo, la mayoría sigue sin saber si sus parientes están vivos o bajo qué condiciones permanecen en prisión.
“Estamos metiendo un papel para pedir una prueba de vida, una llamada. Pero nadie responde nuestras preguntas. Todo está en silencio”, lamentó Mercedes Yamares, madre de Mervin, uno de los jóvenes deportados.
¿Y los presos políticos en Venezuela?
Mientras exige transparencia y justicia para los venezolanos detenidos en El Salvador, el régimen de Maduro ha evadido referirse a sus propios presos políticos, cuya cifra supera los 800 según el Foro Penal Venezolano, entre ellos activistas, dirigentes opositores, militares y periodistas. Tras las protestas postelectorales del 28 de julio de 2024, el número de detenciones por razones políticas alcanzó picos históricos, superando las 1.800 personas, según informes de la Misión Internacional Independiente de la ONU.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado torturas, aislamiento, desapariciones temporales y negación de atención médica especializada en centros de reclusión como El Helicoide y el Rodeo I.
La historia detrás de los rostros
Los 252 venezolanos detenidos en el CECOT fueron deportados desde EE. UU. bajo acusaciones de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua, una narrativa promovida por la Administración Trump, quien a su regreso al poder reanudó las deportaciones masivas, canceló licencias petroleras a Caracas y endureció sanciones.
Casos como el de Andry Hernández, un joven actor y maquillador cultural del estado Táchira, muestran el trasfondo humano y el error judicial que muchas familias denuncian. Hernández fue detenido pese a tener su cita migratoria activa en CBP One, y ha sido discriminado por sus tatuajes, según amigos y conocidos.
“Esto es algo muy injusto. Andry representa a una tradición cultural. No es un delincuente”, dijo Jorge Cárdenas, director de las agrupaciones culturales de Capacho, quien ha liderado viacrucis y protestas exigiendo su liberación.
