El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que Gabriel José Rodríguez, un adolescente de 17 años detenido arbitrariamente el 9 de enero en Cabudare, Lara, no pudo asistir a su acto de graduación de bachiller debido a la represión del régimen de Nicolás Maduro. Arrestado por su “aspecto de guarimbero” mientras buscaba atención médica, Gabriel enfrenta cargos de terrorismo, cierre de vías e incitación al odio, en el marco de los crímenes de lesa humanidad del chavismo tras el fraude electoral del 28 de julio de 2024. Su caso, uno de los cuatro menores aún presos, refleja la persecución sistemática investigada por la Corte Penal Internacional (CPI).
Gabriel, estudiante destacado con un promedio de 18,31 sobre 20, completó sus estudios desde el Centro Socioeducativo El Manzano, pero la jueza del caso ignoró la solicitud de una medida cautelar para permitirle asistir a su graduación, según El Nacional.
“Ha pagado seis meses siendo inocente”, afirmó un familiar al OVP, destacando el impacto emocional en el joven, quien pidió inscribirse en Ingeniería Civil, Agronomía o Veterinaria.
Tortura y daño psicológico
La detención de Gabriel es parte de las 2.501 detenciones políticas de 2024, según Un Mundo sin Mordaza, calificadas como crímenes de lesa humanidad por la ONU. Arrestado sin pruebas tras protestas contra el fraude que negó la victoria de Edmundo González (67% de los votos, según actas resguardadas), Gabriel no ha podido nombrar un abogado propio. “El proceso le ha pegado duro; dice que no ha faltado a los mandamientos de Dios”, relató su familia. El OVP denunció que las autoridades bloquearon incluso una celebración de cumpleaños en prisión, profundizando el “daño psicológico irreversible”.
Foro Penal reporta 853 presos políticos al 21 de julio de 2025, muchos bajo aislamiento prolongado, una forma de tortura según Rafael Uzcátegui de Laboratorio de Paz. La falta de investigaciones sobre torturas y malos tratos, señalada por Human Rights Watch, agrava la impunidad.
Un régimen que silencia a los jóvenes
El OVP exige la liberación inmediata de Gabriel y los otros tres menores detenidos, junto con todos los presos políticos. “Es una injusticia que personas con delitos estén libres y él no”, afirmó la familia. La represión postelectoral, con bloqueos digitales y persecución a manifestantes, busca silenciar la verdad del 28J, respaldada por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). María Corina Machado denunció que Maduro lidera una “estructura criminal” que usa el miedo para perpetuarse.
La comunidad internacional, con sanciones al Cártel de los Soles y recompensas de 65 millones de dólares por Maduro y sus aliados, presiona por justicia. Mientras Gabriel pierde hitos como su graduación, la resistencia venezolana, liderada por Machado y González, lucha por la democracia y la libertad frente a un régimen que comete crímenes de lesa humanidad.
