España confirmó que al menos 20 de sus ciudadanos se encuentran presos en Venezuela, por lo cual exigió su liberación y la del resto de detenidos por razones políticas.
Esta postura se dio a conocer durante la presentación este lunes 22 de septiembre del nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
«España exige la inmediata e incondicional liberación de todos los presos políticos de Venezuela, incluyendo dobles nacionales y ciudadanos extranjeros. España cuenta con cuatro nacionales detenidos y 16 dobles nacionales detenidos arbitrariamente en Venezuela«, manifestó el representante del gobierno español ante la ONU.
A su vez, denunció que a los ciudadanos españoles y con doble nacionalidad se les niega su derecho a las visitas consulares, el derechos a la defensa y un proceso justo.
Con información de El Nacional
En su declaración, España señaló que a raíz de las elecciones de 2024 se registró un aumento significativo del número de detenciones arbitrarias y del recrudecimiento de la represión política, incluyendo la persecución de disidentes opositores, miembros de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas.
«Exigimos el fin de las desapariciones forzadas, de todas aquellas prácticas de torturas o tratos inhumanos, degradantes, incluyendo los actos de violencia sexual y de género que ustedes han descrito. España se suma a la exigencia de la Misión y denuncia la grave falta de garantías judiciales», concluyó.
Misión de la ONU denuncia violaciones a los DD. HH. en Venezuela
El sexto informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, que cubre el periodo septiembre 2024 – agosto 2025, concluyó que el gobierno de Nicolás Maduro desplegó los métodos más duros de su maquinaria represiva después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
El documento detalla que entre el 28 y el 30 de julio de 2024 fueron asesinadas 25 personas en el marco de las protestas contra los resultados fraudulentos anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Al menos 12 de estas muertes fueron responsabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado, pese a que las autoridades responsabilizaron a la oposición y a grupos criminales.
La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, alertó que las investigaciones oficiales siguen sin esclarecer estos hechos y que todos permanecen en la impunidad. Además, denunció la muerte de cinco personas bajo custodia estatal durante la crisis electoral.
