El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado sobre un operativo militar que resultó en la muerte de seis personas en un ataque contra una embarcación sospechosa de narcotráfico cerca de la costa de Venezuela.
Trump acompañó su publicación en la red social Truth Social con un vídeo en blanco y negro en el que se observa una lancha inmóvil en el mar y luego el impacto de un misil que la destruye totalmente.
El ataque fue autorizado bajo los poderes de Trump como Comandante en Jefe y fue ejecutado por órdenes del Secretario de Guerra en la zona de responsabilidad del Comando Sur de EE. UU. (USSOUTHCOM), en aguas internacionales.
Trump señaló que la embarcación estaba vinculada a una organización designada como terrorista y que transitaba en una ruta conocida de tráfico de drogas y se encontraba conectada a redes ilícitas de narcoterrorismo. La inteligencia estadounidense confirmó que la nave transportaba narcóticos cuando fue alcanzada.
Con información de Infobae
El ataque no dejó víctimas entre las fuerzas estadounidenses, señaló Trump en su mensaje.
La campaña militar de Washington en el litoral caribeño ha incluido el despliegue de barcos de guerra y aviones F-35, oficialmente bajo el objetivo de combatir el tráfico de drogas en la región.
Trump mantiene la acusación pública de que el dictador venezolano Nicolás Maduro lidera un cartel del narcotráfico, motivo por el que autoridades estadounidense han formulado cargos por narcoterrorismo en su contra.
El régimen venezolano, con Maduro al frente y el ministro de Interior Diosdado Cabello como principal vocero, calificó estos operativos como una “agresión armada” orientada a imponer un cambio de régimen y apropiarse de los recursos naturales del país. Cabello anunció una movilización de tropas y el plan de defensa “Independencia 200” en regiones costeras y fronterizas, incluyendo la convocatoria de milicias y reservistas, así como el apoyo de pueblos indígenas y mensajes de respaldo desde fuerzas militares latinoamericanas, según transmitió la televisora estatal Venezolana de Televisión.
Funcionarios venezolanos y aliados regionales, como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) —que agrupa a Cuba, Bolivia, Nicaragua, Venezuela y otros países—, han condenado las operaciones estadounidenses como una “incursión ilegal” y un intento de desestabilizar la región. La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez describió los ataques a lanchas como “ejecuciones extrajudiciales y sumarias”.
Las acciones estadounidenses han sido objeto de debate en Washington, donde parte del Congreso y analistas legales cuestionan la constitucionalidad de los ataques letales en aguas internacionales. Varios diputados demócratas pidieron detalles sobre los carteles considerados “organizaciones terroristas” y recordaron que la Constitución de EE. UU. reserva al Congreso la facultad de declarar la guerra.
Reportes de medios estadounidenses señalaron la existencia de un memorándum del Departamento de Justicia que autorizaría incluso la participación de la CIA en este tipo de operaciones, lo que especialistas interpretan como un regreso a periodos de máxima tensión en la relación entre Washington y América Latina. Al comparecer ante el Senado, la fiscal general Pam Bondi evitó confirmar la existencia del memorándum y reafirmó las acusaciones judiciales contra Maduro.
Según Evan Ellis, académico del Colegio de Guerra del Ejército estadounidense, la probabilidad de escalada militar es “del 50%” si la situación no se resuelve antes de fin de año. Ellis advirtió que Washington podría emplear inteligencia para procesar a Maduro o aumentar la presión militar, una apreciación compartida por otros ex altos funcionarios de Seguridad estadounidense, como Frank Mora, que consideran incierto el propósito final de la campaña, entre la lucha contra el narcotráfico y la esperanza de provocar el colapso del régimen chavista. La Casa Blanca rechazó una solicitud formal de diálogo realizada por Maduro.
En el entorno regional, el almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de EE. UU. (USSOUTHCOM), organizó este martes una visita a Granada y Antigua y Barbuda para reforzar la cooperación en seguridad y evaluar la instalación temporal de radares y personal técnico estadounidense en el aeropuerto internacional de Granada. Autoridades granadinas aseguraron que cualquier decisión será adoptada bajo criterios de soberanía e interés nacional.
