Estados Unidos tenía preparada una celada a José Luis Rodríguez Zapatero el pasado 19 de mayo, el mismo día en que fue imputado por la Audiencia Nacional española. El Departamento del Tesoro norteamericano desplegó agentes en el Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo con el objetivo de retener al expresidente español e impedir que llegara a Caracas, según reveló Vozpópuli.
La intención era devolverlo a Madrid tras notificarle su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que conlleva un estricto cuadro sancionador: inmovilización de cuentas bancarias y prohibición de entrada a territorio estadounidense.
El plan para interceptarlo
Según la información recabada, ese 19 de mayo, día en que Zapatero fue notificado de su imputación por tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal, y en que se registraron su despacho y la empresa de sus hijas, las autoridades estadounidenses ya conocían sus planes de viajar desde Madrid a República Dominicana con familiares en un vuelo de Air Europa, con escala previa a ser trasladado a Caracas en un vuelo fletado por el Palacio de Miraflores.
El plan de la Casa Blanca, preparado con antelación, buscaba interceptar al expresidente ante la sospecha de que pretendía ocultar pruebas en la capital venezolana sobre sus actividades económicas en el país. Fuentes próximas al Departamento de Estado revelaron que Washington tenía conocimiento de que Zapatero había concertado en Caracas una reunión con Jorge Rodríguez, su principal valedor en Venezuela, y con la propia Delcy Rodríguez, dictadora desde la caída de Maduro el 3 de enero.
Con información de Vozpópuli
Un alivio para la administración Trump
La imputación de Zapatero, a la que se sumó posteriormente una pieza separada por contrabando y fraude fiscal, supuso, según las fuentes consultadas, un alivio para la administración Trump. Desde febrero existía cierto escepticismo sobre si el caso Plus Ultra avanzaría en la dirección correcta, ante el temor de que la propia influencia de Zapatero en España pudiera comprometer la investigación y librarlo de su responsabilidad en un caso que no habría avanzado sin la colaboración estadounidense.
Los seguimientos de Washington a Zapatero han sido constantes en los últimos meses, particularmente respecto a sus viajes a Caracas. Detalles a los que tuvo acceso Vozpópuli apuntan a que Estados Unidos conocía a fondo el entramado de poder atribuido al expresidente, incluyendo menciones al comisario jubilado Segundo Martínez, jefe de seguridad de Moncloa durante sus mandatos, designado en informes estadounidenses como «sujeto de interés».
En la administración Trump existía temor de que el estatus de Zapatero frustrara la investigación judicial, incluyendo la posibilidad de que se eliminaran pruebas o de que se instrumentalizara políticamente el caso para sugerir una motivación ideológica, en un contexto de relaciones tensas entre Washington y el gobierno de Pedro Sánchez. Por eso, según las fuentes estadounidenses, que el juez José Luis Calama y el fiscal Anticorrupción Javier Luzón hayan impulsado el proceso representa una garantía sobre la solvencia de las instituciones españolas frente a cualquier especulación de ideologización.
Una investigación que va más allá de Plus Ultra
La estrategia estadounidense sobre Zapatero se centra en su rol internacional como activo del blanqueamiento de la dictadura bolivariana, su implicación en la Internacional Socialista que preside Sánchez desde noviembre de 2024, y un rol transnacional que excede su presunta intervención en el rescate de la aerolínea venezolana.
Los contactos de Zapatero con el régimen de Maduro forman parte de una investigación más amplia de Washington sobre los vínculos entre la cúpula chavista y las redes del narcotráfico, plasmada en la demanda contra el entramado chavista formalizada en un tribunal de Florida el 14 de agosto de 2025 bajo la Rico Act, normativa específica para perseguir delitos de crimen organizado.
Zapatero figura además en una lista de 64 personas investigadas en Estados Unidos por presuntos vínculos con el régimen chavista, en un expediente ligado a un tribunal federal de Nueva York que incluye a otros dos españoles y a referentes de la izquierda internacional señalados por una intensa labor de influencia dirigida a conferirle a la dictadura venezolana una apariencia democrática en foros globales. La Fiscalía estadounidense centró sus pesquisas en determinar el grado de colaboración de los incluidos en la lista con el narcoestado venezolano y si esos vínculos derivaron en un presunto enriquecimiento ilícito, algo que ahora la Audiencia Nacional trata de dilucidar en Madrid.
