Defensores de Derechos Humanos señalan que el sistema de justicia del régimen venezolano mantiene un patrón de medidas cautelares que afecta a los presos políticos que son excarcelados, incluso tras la aprobación de la Ley de Amnistía por la Asamblea Nacional Chavista el pasado 20 de febrero.
Estas medidas operan como una herramienta de control que prolonga la situación de vulnerabilidad de quienes recién salen de los centros penitenciarios. La aplicación de regímenes de presentaciones y prohibiciones de salida de Venezuela sustituye la privación de libertad, pero no extingue la acción penal ni garantiza el debido proceso.
La vigencia de estas restricciones procesales impide que las personas que obtuvieron boletas de excarcelación recuperen su libertad plena, además permiten a la dictadura mantener expedientes abiertos, muchas veces sin pruebas sólidas.
Esta práctica de imponer cautelares cuando lo que debería aplicar es la libertad plena contraviene las garantías judiciales y transforma el proceso penal en un mecanismo de castigo preventivo que se extiende mucho más allá de los muros de las cárceles.
Con información de Efecto Cocuyo
Para comprender el alcance de cómo las medidas cautelares se convierte en una especie de castigo o de atadura para los excarcelados, en Efecto Cocuyo conversamos con Martha Tineo, abogada y coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), y Kelvin Zambrano, abogado y director de la Coalición por los Derechos Humanos y por la Democracia.
La cautelar como mecanismo de control político y social
Los expertos tienen claro que las medidas cautelares en el país han funcionado como un mecanismo de control, el propio Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, reconoció recientemente que más de 11 mil personas en el país estaban sujetas a estas medidas, cifras que concuerdan con las manejadas por Foro Penal.
El abogado Kelvin Zambrano indica que, debido a la ausencia de autonomía judicial, los jueces operan bajo consultas de funcionarios del Poder Ejecutivo para mantener los procesos abiertos. Este patrón, asegura, busca «seguir manteniendo el control y la presión sobre los grupos políticos» para asegurar que la amenaza de revocatoria de la medida limite el ejercicio de los derechos civiles.
La abogada Martha Tineo califica este esquema como una «prisión a cielo abierto», que instrumentaliza el sistema de justicia para perseguir a disidentes reales o percibidos. La jurista explica que mantener a una persona judicializada sin pruebas sólidas es una manera de ejercer un control permanente basado en el miedo.
La defensora de derechos humanos señala que, por ejemplo, las restricciones, como la prohibición de hablar a los medios, pretenden «acallar y silenciar denuncias en cuanto a la detención arbitraria, la desaparición forzada y las torturas», dice.
Resalta que, incluso tras la aplicación Ley de Amnistía, muchas excarcelaciones se han realizado bajo imposición de nuevas medidas cautelares en lugar de libertad plena. Señala que esta vulnerabilidad no se debe al incumplimiento de normas por parte del procesado, sino al «uso absolutamente discrecional y arbitrario del poder».
Para los entrevistados, el objetivo real de estas medidas es la desmovilización de líderes con impacto en la opinión pública. Zambrano sostiene que el sistema envía un mensaje de advertencia al resto de la sociedad al demostrar que, aunque la persona salga de la cárcel, sigue sometida a un proceso que genera afectaciones psicológicas.
El abogado enfatiza que este tipo de medidas busca reducir la participación y la interacción de los ciudadanos en el espacio público mediante la coacción judicial.
