La Fiscalía de los Estados Unidos ha solicitado formalmente al Tribunal del Distrito sur de Nueva York el pasado 23 de marzo una orden de protección sobre las pruebas en el caso contra el dictador Nicolás Maduro y Cilia Flores, puesto que se cita en el documento emitido que se trata por la seguridad de los testigos y la integridad de las investigaciones en curso.
La moción busca restringir el acceso a materiales que sean sensibles mediante clasificaciones especiales, además prohíbe explícitamente compartir evidencias con cuatro coacusados prófugos, entre ellos el ministro de Interior, Justicia y Paz del régimen, Diosdado Cabello y el hijo del dictador y diputado chavista, Nicolás Maduro Guerra, conocido como «Nicolasito».
Estos riesgos son especialmente altos porque los acusados prófugos tendrían capacidad de ejercer violencia e incluso usar estructuras estatales para intimidar o detener a testigos en el extranjero.
La defensa de Maduro ha aceptado provisionalmente estas medidas bajo la modalidad de «solo para ojos del abogado» y tiene hasta el 30 de marzo para presentar una oposición formal a la restricción que les impide coordinar el descubrimiento con el resto de los señalados en la acusación.
No obstante los abogados de Maduro se oponen al Párrafo 13 que prohíbe compartir cualquier evidencia con los coacusados que aún no han sido arrestados.
Con información de NTN24
Los nombres mencionados que el Gobierno quiere mantener aislados de las pruebas son:
- Diosdado Cabello Rondón
- Ramón Rodríguez Chacín
- Nicolás Ernesto Maduro Guerra (hijo de Maduro)
- Héctor Guerrero Flores (alias «Niño Guerrero», líder del Tren de Aragua)
El sistema judicial de Estados Unidos revela la estrategia y las preocupaciones respecto a este caso en el mismo documento:
Riesgo para testigos: El Gobierno argumenta que Maduro y sus aliados tienen «poder de estado» y podrían usar la información de las pruebas para identificar, arrestar o asesinar a testigos y sus familias que están en el extranjero.
Acusaciones de violencia: La moción cita que el jurado investigador encontró evidencia de que Maduro y su esposa ordenaron secuestros y asesinatos de personas que «socavaron su operación de narcotráfico».
Uso del poder judicial en Venezuela: Se menciona explícitamente que en el pasado Maduro y Diosdado Cabello habrían ordenado el arresto de oficiales militares inocentes para encubrir cargamentos de droga incautados.
Obstrucción de la justicia: Al estar los otros cuatro coacusados prófugos, el Gobierno teme que si Maduro les pasa información, estos puedan destruir evidencia o coordinar esfuerzos para evadir la captura de forma más efectiva.
Del mismo modo, el documento clasifica la información en cuatro niveles de restricción:
Material de Divulgación (Disclosure Material): Información general para la defensa que no puede publicarse en internet ni en medios.
Material Sellado (Sealed): Pueden verlo abogados, acusados y testigos bajo condiciones. Protege la identidad de testigos en riesgo de intimidación o daño físico.
Solo para Posesión del Abogado (APO): Material que el acusado (Maduro) solo puede ver en presencia de su abogado, pero no puede tenerlo físicamente.
Solo para Ojos del Abogado (AEO): Información tan sensible que Maduro no puede verla; solo sus abogados y personal autorizado tienen acceso a ella.
La evidencia, según la Fiscalía de Estados Unidos, incluye:
- Informes policiales de EE. UU. y otros países
- Datos de redes sociales y dispositivos electrónicos
- Registros financieros
- Órdenes judiciales y material de inteligencia
Cabe recordar, además, que el pasado 19 de marzo la defensa de Maduro pidió nuevamente que se desestime completamente su caso penal alegando «violación a los derechos constitucionales».
El documento titulado “respuesta de Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores de Maduro a la oposición del Gobierno a sus solicitudes de desestimación de la acusación por la interferencia del gobierno de los Estados Unidos en sus derechos reconocidos en la sexta enmienda y al debido proceso legal” lleva fecha del 19 de marzo.
La defensa argumenta que el gobierno estadounidense, a través de sanciones, ha bloqueado el uso de fondos del gobierno venezolano destinados a pagar sus abogados, lo que les impide «elegir libremente su representación legal».
Asimismo, el escrito de la defensa de Maduro menciona que ambos acusados no cuentan con recursos propios para costear su defensa.
Los abogados también cuestionan la «falta de coherencia en la aplicación de estas medidas», señalando que en otros casos similares sí se han permitido pagos legales por parte de terceros sancionados. Además, critican que el argumento de “seguridad nacional” utilizado por el gobierno de EE. UU. no ha sido debidamente justificado.
