El régimen de Nicolás Maduro mantiene a 89 ciudadanos extranjeros como presos políticos en Venezuela, según un informe actualizado de la ONG Foro Penal, publicado el 17 de septiembre de 2025. Esta cifra, difundida a través de Instagram, revela la persecución sistemática del chavismo contra personas de diversas nacionalidades, incluyendo 34 colombianos, 16 españoles y ciudadanos de 17 países, muchos con doble nacionalidad. Estas detenciones, en su mayoría tras las elecciones fraudulentas de julio de 2024, evidencian el uso del régimen de la represión como arma para sofocar cualquier disidencia, violando derechos humanos fundamentales.
La lista de Foro Penal detalla que los colombianos lideran con 34 casos, 13 de ellos con doble nacionalidad colombo-venezolana. Le siguen 16 españoles, 13 con ciudadanía venezolana, y siete italianos, seis también venezolanos. Otros europeos incluyen dos alemanes, dos franceses, dos neerlandeses, dos húngaros, cinco portugueses-venezolanos, un chipriota, un rumano y un polaco-ucraniano. Desde América Latina, hay tres argentinos, dos ecuatorianos, dos peruanos, una chilena-venezolana y una guyanesa. También se reporta un cubano, un libanés, un pakistaní y un detenido con nacionalidad iraní-irlandesa.
Cárceles como herramientas de intimidación
Muchos de estos presos políticos extranjeros están recluidos en El Rodeo I, un centro penitenciario conocido por condiciones inhumanas y denuncias de tortura. Foro Penal reporta que las detenciones, especialmente tras las protestas postelectorales, responden a un patrón de represión sistemática. Alfredo Romero, director de la ONG, señaló que los familiares enfrentan “desesperación” por la falta de información, calificando estas detenciones como “desapariciones forzadas”.
El régimen de Maduro niega la existencia de presos políticos, alegando que son delincuentes comunes. Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch y la ONU han documentado torturas, malos tratos y procesos judiciales arbitrarios, incluyendo audiencias grupales que violan el debido proceso.
La comunidad internacional ha reaccionado. La Unión Europea y Estados Unidos han exigido la liberación de estos detenidos, mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido medidas cautelares. Edmundo González Urrutia, presidente electo exiliado, instó a los gobiernos democráticos a actuar contra estas violaciones. La lucha por la libertad de estos 89 extranjeros y los 823 presos políticos totales es un grito por la democracia y la justicia en Venezuela.
