A pocas horas del Día del Trabajador, el Frente Institucional Militar (FIM) alzó su voz para denunciar que el régimen de Nicolás Maduro ha anulado el poder adquisitivo de los militares retirados y mantiene “bonos discriminatorios” que excluyen a los jubilados mientras chantajea a los efectivos activos con pagos arbitrarios. A través de un contundente comunicado firmado por 266 oficiales en situación de retiro, el FIM exhorta al Ministro de la Defensa a cumplir con la Constitución y exige respeto a los derechos socioeconómicos de quienes han servido en la Fuerza Armada Nacional (FAN).
Con información de Sebastiana Barráez
El documento, respaldado por generales y vicealmirantes de todos los componentes, advierte que el manejo de los salarios y bonificaciones del personal militar está siendo ejercido por funcionarios ajenos a la FAN, en abierta violación de los artículos 91 y 328 de la Constitución venezolana, los cuales garantizan un salario suficiente y un sistema de seguridad social propio para los militares.
“El salario digno y el principio de homologación son el verdadero fundamento de la seguridad social militar. Su anulación compromete no solo la estabilidad de los retirados, sino también el futuro de los activos”, señala el texto, encabezado por el general de brigada Juan Antonio Herrera Betancourt.
“Bonos para chantajear y excluir”
El Frente Institucional Militar denuncia que desde el 1 de mayo de 2023 se eliminó, de facto, el salario mínimo vital, al sustituirse por una figura ambigua: el Ingreso Mínimo Integral, basado en bonos que no inciden en prestaciones ni jubilaciones. El salario mínimo, estancado en 130 bolívares (1,44 dólares) desde 2022, ha sido pulverizado por la inflación y la depreciación monetaria, según cifras del propio Banco Central de Venezuela.
“La canasta alimentaria supera los 500 dólares mensuales. Es inaceptable que el Estado condene a la miseria a quienes han dedicado su vida al servicio militar”, denuncian.
Según el FIM, esta política ha generado un sistema “discriminatorio y clientelar”, donde los bonos se otorgan a discreción, favoreciendo la lealtad política y socavando el principio de justicia salarial. Afirman que los retirados han sido deliberadamente excluidos de estos beneficios, en un intento por desmovilizar y dividir a la FAN.
Exhorto a los militares activos
En su pronunciamiento, el FIM hace un llamado a los militares en servicio activo para que “tomen conciencia de la violación constitucional” que permite esta política. Les recuerda que la seguridad social militar es un mandato constitucional con protección especial, y que el vínculo entre el Estado y el militar no termina al retirarse, sino con la muerte.
“Los militares activos deben ver en los retirados el espejo de su propio futuro. Si hoy se permite el desprecio a los jubilados, mañana serán ellos las víctimas del mismo sistema”, afirman.
También citan la Ley de Seguridad Social de la Fuerza Armada, específicamente el artículo 39, que ordena la homologación directa de los ingresos entre activos y retirados, una práctica abandonada desde 2022, lo que representa una clara regresión de derechos adquiridos.
Sin cumplimiento constitucional
El comunicado subraya que el régimen ha incumplido dos años consecutivos con la obligación constitucional de ajustar el salario mínimo según el costo de la canasta básica, agravando la pobreza de los pensionados. Además, denuncian que las pensiones militares, calculadas en base al salario mínimo, han quedado reducidas a niveles irrisorios.
“Ni el artículo 91, ni el 80 constitucional sobre la protección a los ancianos, han sido respetados por el Ejecutivo Nacional”, recalcan los firmantes.
Defensa de la institucionalidad
Con 25 años de trayectoria, el Frente Institucional Militar ha sido una voz constante en defensa de la institucionalidad castrense. En esta ocasión, reiteran su compromiso con el respeto a la Constitución, el Estado de derecho y la dignidad del personal militar.
“No se trata solo de exigir justicia salarial, sino de defender la esencia de una institución fundamental para la soberanía nacional. El silencio no es una opción”, concluyen.
La declaración se produce en un contexto de creciente malestar en el sector castrense, que coincide con los reclamos del resto de los gremios laborales ante la proximidad del 1º de mayo, Día Internacional del Trabajador.
