(Fuente: Efecto Cocuyo) La organización Human Rights Watch (HRW) ha señalado que la crisis de Derechos Humanos que se ha desarrollado en los últimos años en Venezuela se ha agravado tras la toma de posesión ilegal del dictador Nicolás Maduro.
«La represión en Venezuela aumentó antes de las elecciones del 28 de julio y escaló a niveles brutales luego de que las autoridades anunciaran, sin prueba alguna, que Maduro había sido reelecto presidente», señaló hoy HRW en su Informe Mundial 2025.
Tirana Hassan, directora ejecutiva del HRW, ha señalado que los gobiernos autoritarios reprimieron, arrestaron y encarcelaron injustamente a opositores políticos, activistas y periodistas, pero en el caso de Venezuela, el régimen ganó terreno empleando políticas discriminatorias.
“Durante 2024, el Gobierno venezolano emprendió una represión brutal para silenciar la crítica y aferrarse al poder”, señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.
“La toma de posesión de Maduro es el resultado final de una elección que desconoció abiertamente la voluntad del pueblo, y consolida el autoritarismo en Venezuela”, dijo.
Con información de Efecto Cocuyo
Recomiendan que los gobiernos, a nivel global, deben respaldar los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela, «incluso a través del apoyo a la investigación en curso de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la imposición de sanciones individuales a los responsables de graves abusos. Además, deberían ampliar el acceso al refugio y a otras formas de protección internacional para los venezolanos que huyen de su país», señala el informe.
HRW sobre América Latina
En Nicaragua, la férula dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo «amplió el uso del exilio forzoso y la revocación de la ciudadanía como formas de perseguir a los críticos», agrega.
Desde 2018, el gobierno ha cerrado más de 5.600 ONG y 58 medios de comunicación, así como universidades. Más de 263 periodistas han huido del país, de ellos 26 en los primeros seis meses del año pasado.
HRW alerta que en México, a la violencia extrema del crimen organizado se suma el «abuso generalizado por parte de agentes estatales con casi total impunidad».
Asimismo, alerta de los recientes cambios constitucionales para reforzar el papel del ejército en las labores policiales y revisar el sistema de justicia, podrían «perpetuar los abusos y socavar gravemente el Estado de derecho».
En Colombia, los abusos de los grupos armados, el acceso limitado a la justicia y los altos niveles de pobreza, en particular en el ámbito rural, y las comunidades indígenas y afrodescendientes preocupan también a los autores del informe, pese a que destacan la reciente ratificación del acuerdo de Escazú por el gobierno de Gustavo Petro.
En el Perú de Dina Boluarte, la presidenta «hizo poco o ningún esfuerzo» para detener los ataques perpetrados por el Congreso que aprobó leyes que «socavan la independencia judicial, debilitan las instituciones democráticas y obstaculizaron las investigaciones sobre el crimen organizado, la corrupción y las violaciones de los derechos humanos», sostiene el informe.
De Guatemala achaca la falta de independencia judicial al proceso de selección de los que deben impartir la justicia y a las injerencias políticas que benefician a los poderosos.
En Argentina, el primer año del gobierno de Javier Milei se ha caracterizado por «nuevos desafíos» a los derechos humanos, obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión y reunión y la retórica oficial hostil contra periodistas y la comunidad LGBTI, sostiene.
Por su parte, Honduras sigue luchando contra la corrupción generalizada, un poder judicial comprometido, altos niveles de violencia y ataques contra los defensores del medio ambiente.
