La vida de José Ángel Lepage, un humilde vendedor de guarapo de papelón y obrero del Ministerio de Educación en Tucupita, dio un giro trágico el pasado 9 de enero. Aquel día, como cada mañana, salió con su termo para refrescar a los transeúntes del sector La Catedral, pero al acercarse a una protesta contra la toma de posesión de Nicolás Maduro para su tercer mandato, su destino cambió para siempre.
Lepage, de 49 años y ampliamente querido en su comunidad por su carácter servicial, fue detenido cuatro días después sin orden judicial, acusado de delitos como terrorismo, incitación al odio, lesiones graves y agavillamiento. Según el Foro Penal, su caso forma parte de la represión sistemática que ejecuta el régimen contra los ciudadanos que se atreven a manifestar su descontento político.
Un montaje en medio del caos
La protesta, organizada por sectores opositores el 9 de enero, se desarrollaba de forma pacífica hasta que colectivos armados irrumpieron disparando al aire y lanzando bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. Testigos aseguran que dos jóvenes armados llegaron en moto y fueron enfrentados por la multitud; uno de ellos fue retenido y entregado a la policía, mientras el otro logró escapar.
Según Liz Guiliany, hermana de crianza de José Ángel, su hermano solo corrió para resguardarse y tropezó con una mujer caída. “Todo quedó grabado y en ningún video se le ve lanzando piedras ni cometiendo actos violentos”, asegura. Sin embargo, el 13 de enero fue detenido mientras vendía papelón, y desde entonces permanece tras las rejas.
Proceso judicial viciado
José Ángel fue recluido en la comandancia de Tucupita, donde se le han negado garantías procesales básicas. Aunque inicialmente se descartó el cargo de terrorismo –que implicaría un juicio en Caracas–, el Tribunal de Control de Caracas reintrodujo el delito de forma irregular, denuncia su hermana, quien también es abogada.
El vendedor no cuenta con una defensa privada y enfrenta más de 90 días de prisión preventiva sin fecha clara de juicio. Aunque sus familiares pueden visitarlo y llevarle alimentos y artículos de higiene, la carga emocional, legal y económica recae con fuerza sobre su entorno, especialmente sobre su madre adoptiva de 80 años, quien depende de él y no ha dejado de llorar desde su detención.
Una detención que no es aislada
La detención de Lepage fue denunciada por Orlando Moreno, defensor de derechos humanos y coordinador de Vente Venezuela en Delta Amacuro, quien alertó en redes sociales sobre el patrón represivo del régimen madurista. La Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU denunció en marzo que entre septiembre de 2024 y enero de 2025 se habían documentado al menos 126 detenciones arbitrarias, muchas de ellas con características de desapariciones forzadas de corta duración.
El último informe del Foro Penal Venezolano contabiliza 903 presos políticos en el país, incluidos cuatro adolescentes, todos encarcelados por ejercer su derecho a la protesta o por disentir del régimen.
“Solo querían presos políticos”
“Fue un montaje. Solo querían presos políticos”, afirma Liz Guiliany con firmeza. La familia espera una audiencia especial en la que pueda reconsiderarse la situación jurídica de José Ángel y obtener al menos una libertad condicional.
“Confiamos en Dios, pero el gobierno debe saber que no nos rendiremos”, sentencia su hermana, convencida de que la detención de su hermano fue un mensaje del régimen para sembrar el miedo entre los manifestantes del oriente venezolano.
El caso de José Ángel Lepage resume la tragedia de cientos de venezolanos que, sin antecedentes ni vínculos políticos notorios, han sido convertidos en presos de conciencia por una dictadura que castiga la protesta con cárcel y silencio. Mientras tanto, su comunidad espera el regreso de un hombre al que todos reconocen como trabajador, amable y ejemplo de dignidad.
