El patólogo Enrique López Loyo, expresidente de la Academia Nacional de Medicina, denunció que el régimen incumplió con uno de los deberes más elementales tras los terremotos del 24 de junio: identificar a los fallecidos y garantizarles el derecho a un acta de defunción. Un derecho humano inalienable, según el especialista, que el régimen ignoró mientras los cuerpos se descomponían en condiciones inapropiadas.
«Todo ciudadano tiene derecho a una partida de nacimiento, pero al fallecer también tiene derecho a un acta de defunción que especifique la causa de su muerte, independientemente de su edad, sexo o lugar donde falleció. El fundamento es identificar a quienes se están rescatando o se han rescatado, y para eso hay un protocolo», afirmó López Loyo a El Nacional.
El especialista explicó que las normas internacionales establecen una secuencia de pasos: codificación de cada cuerpo, fotografías, estudios de huellas dactilares y, en caso de mayor destrucción corporal, análisis de cicatrices, tatuajes, lesiones, estudios odontológicos y pruebas genéticas. Todo eso, señaló, fue aplicado de forma parcial e inadecuada en Venezuela.
La morgue improvisada en Los Silos
Uno de los señalamientos más graves de López Loyo apunta al manejo de los cadáveres en la morgue improvisada en Los Silos, dentro del puerto de La Guaira, donde los cuerpos quedaron expuestos a temperaturas extremas.
«Ubicarlos en un descampadero, sobre un puerto, a 50° o 40° al mediodía o en la tarde no ayudó y no contribuyó al proceso de recuperación», dijo. Esas condiciones, subrayó, aceleraron la destrucción de los tejidos, destruyendo las proteínas necesarias para el reconocimiento facial, y borrando cicatrices, lesiones y tatuajes que habrían permitido identificar a las víctimas.
El patólogo fue contundente sobre lo que debió haberse hecho: «Pudieron agarrar 50 contenedores del propio puerto y colocar un sistema de aire acondicionado móvil o portátil, y generar una mínima preservación hasta que se cumpliera adecuadamente un proceso de reconocimiento». También señaló que se pudieron haber instalado carpas militares con sistemas de aire acondicionado móviles mientras avanzaban los procesos forenses.
Captahuellas que no se usaron
López Loyo cuestionó además que los captahuellas no se utilizaran de forma masiva durante las labores de identificación, pese a que Venezuela cuenta desde hace años con un sistema de identificación biométrica que registra las huellas de gran parte de la población. Su uso generalizado, dijo, habría facilitado enormemente el proceso.
El especialista también apuntó a una dificultad particular de La Guaira: al ser un día feriado, muchos de los afectados no residían permanentemente en la zona sino que estaban de visita, habían alquilado apartamentos u hospedado en hoteles sin que sus familiares conocieran su ubicación exacta. Eso complica los procesos de identificación y exige protocolos aún más rigurosos.
El Estado no aprendió de Vargas ni de Las Tejerías
Para López Loyo, el fondo del problema no es técnico sino político y cultural. «El Estado no tuvo la capacidad de responder inmediatamente desde el punto de vista operativo. No existió atención inmediata, no hubo un traslado adecuado ni había maquinarias, pero por encima de eso faltó tener la creatividad para solucionar problemas», reafirmó el patólogo.
Criticó además que el Estado «no haya aprendido» de las tragedias naturales previas en Vargas, Las Tejerías y Mérida, situaciones que también rebasaron la capacidad de respuesta institucional. Para el especialista, la tragedia del 24 de junio expuso una vez más la necesidad urgente de fortalecer los sistemas de respuesta, identificación y atención social ante eventos que superan las capacidades ordinarias del Estado venezolano. Capacidades que, a juzgar por los hechos, nunca se construyeron.
