(Fuente: Alberto News) La Asamblea Nacional Chavista ha iniciado este viernes la consulta pública para el proyecto de ley que busca regular y fiscalizar el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Venezuela.
Este tema ha sido ampliamente por las ONG porque se considera que será un arma de la dictadura para profundizar el autoritarismo en el país.
Con información de Alberto News
El proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines ha sido fuertemente criticado por las ONG que advierten que de ser aprobado y entrar en vigencia contribuiría al cierre del espacio cívico en Venezuela, además de que tiene el objetivo de «criminalizar» a las ONG, una medida similar aprobada por el régimen de Daniel Ortega.
De acuerdo al proyecto de ley, las ONG tendrán prohibido recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos, realizar actividades políticas, promover o permitir actuaciones que, según el régimen, atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República.
La postura de la ONG frente a la acusación de que están relacionadas con partidos políticos
Durante la sesión se hizo mención de las ONG Súmate, Provea, Futuro Presente, Lidera, Institutos de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, Más Ciudadanos, que la Asamblea Nacional Chavista presume que tiene relación o asociación con los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia.
«Prohibir la realización de ‘actividades políticas’, e impedir ‘actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional’, son dos peligrosos conceptos que atentan contra los derechos a la asociación y participación», alertó la ONG Provea poco después de la aprobación del proyecto en primera discusión.
La normativa legal contempla multas de hasta $12.000 a las ONG que no se registren en el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, una entidad de «control». Asimismo, obliga a las ONG a declarar la identidad y procedencia de las donaciones que reciben.
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Es «un acto inconstitucional, de extralimitación legal y grave quebrantamiento de las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales», declaró Provea. Y agregó que las autoridades de Venezuela profundizan «su política de criminalización, persecución y eventual suspensión e ilegalización de organizaciones de la sociedad civil autónomas e independientes».
Asimismo, alertó que el apoyo que brindan distintas organizaciones sociales, humanitarias y de derechos humanos en Venezuela se verá disminuido por los efectos de la ley.
