(Fuente: El Pitazo) 106 detenidos poselectorales, que fueron trasladados a la cárcel Yare III, han vivido diferentes escenarios que se traducen en maltratos por parte de las autoridades a cargo del centro penitenciario.
Estos detenidos han sido objetivos de maltratos como quedar expuestos a la lluvia, comer arroz con azúcar por una semana y recibir constantes amenazas verbales.
Estos detenidos se encontraban en el Centro Agroproductivo de Barcelona, conocido como cárcel de Puente Ayala en el estado Anzoátegui. Todos fueron detenidos luego de la elección presidencial y son acusados de ser terroristas. Ellos forman parte de los 1.784 presos poselectorales.
Este traslado se realizó el 27 de septiembre, sin la notificación a sus parientes. Los detenidos no sabían hacía donde los transportaban, solo recuerdan que el trayecto era por una vía rural, con mucha vegetación. Fue un recorrido de aproximadamente 302 kilómetros, que se tradujo en 6 horas por carretera.
«Era de madrugada y apenas logramos agarrar algunas cosas personales. Pensábamos que nos iban a matar», confesó luego uno de los detenidos a su madre.
Con información de El Pitazo
Se alimentan hasta las 4:00 p.m.
La llegada de la nueva población penal a la cárcel Yare III sorprendió al personal directivo, sobre todo por las provisiones con las que contaba el recinto carcelario en ese momento. Las madres de los detenidos narraron a El Pitazo, el 16 de octubre, que la comida no era suficiente y que los primeros 7 días solo les dieron arroz dulce.
Una semana después les variaron el menú; sin embargo, los alimentos aún son insuficientes. Según parientes de los presos, a las 7:00 a.m., les sirven el desayuno; cerca del mediodía, el almuerzo y a las 4:00 p.m., la cena. Después de esa hora no comen más hasta el día siguiente.
«Este déficit de nutrientes ha ocasionado que bajen de peso. A mi hijo ya se le distinguen las costillas. Ha perdido unos 20 kilos», dijo la mamá de uno de los detenidos, en medio de lágrimas.
Para ella ha sido difícil volver a comer despacio y tranquila, como lo recomiendan los nutricionistas. También ha perdido peso. Cada vez que se lleva los alimentos a la boca, piensa en su hijo de 22 años. En ese momento, las lágrimas son su desahogo. «No puedo alimentarme bien y recordar que mi muchacho está pasando hambre», admite afligida.
«No pregunten estupideces»
Estos privados de libertad fueron recluidos en grupos de tres por celda en la cárcel Yare III. Allí les entregaron un jabón de baño, una crema dental y un jabón azul que deben compartir para lavar. También, un papel sanitario que tienen que administrar hasta enero de 2025.
Sus familiares, todas mujeres, solo los han visto una vez, el lunes 14 de octubre, desde que los trasladaron hasta esa cárcel. A las visitantes, las desnudaron, les revisaron el cuerpo, las obligaron a dar saltos de rana, a toser y a pujar.
La visita duró solo diez minutos y no les permitieron ingresar alimentos. Ese tiempo fue suficiente para que madres, esposas y hermanas notaran la desesperación de los detenidos por salir de la cárcel y lo comprometida que está su salud mental. Muchos aún tienen las huellas en sus muñecas del tirraje que les colocaron para sujetarles las manos durante el traslado.
El día de la próxima visita es incierto. Los parientes deben esperar a que sus seres queridos los llamen desde la cárcel para decirles cuándo pueden ir de nuevo. La llamada será de un minuto.
«Aprovechen el tiempo y no pregunten estupideces», les advirtió el director del penal a los parientes cuando les comunicó el procedimiento a seguir. «Mi nombre es Ángel», también les indicó, pero no quiso darles su apellido.
El día de la llamada, los privados de libertad les informarán a sus familiares qué les pueden llevar. «Pero la llamada que nosotros queremos recibir es que están libres, porque son inocentes», coinciden los familiares.
En opinión de estos parientes, fue una maldad que a sus muchachos los movilizaran a un estado tan lejano y no los dejaran en Puente Ayala, que es de fácil acceso por la proximidad con sus casas. A ello se suma que las autoridades los amenazan con trasladarlos al estado Táchira, ubicado a 1.148 km de Anzoátegui.
«Esto es un pase de factura, pero, ¿qué más nos quieren hacer sufrir? Ya es suficiente con que los hayan maltratado y encarcelado sin cometer ningún delito. ¿Qué más quieren?”, destacaron familiares de los detenidos, cuyos rostros denotan cansancio, preocupación y tristeza.
«Títeres del Gobierno»
Algunos de los presos trasladados desde Anzoátegui tuvieron la audiencia preliminar el 15 de octubre, vía online. Ninguno asumió los cargos de terrorismo, incitación al odio y obstrucción de vía pública que les imputó el fiscal del Ministerio Público (MP) Carlos Alcántara.
La defensora Valentina Lewis tampoco presentó pruebas a favor de los detenidos y estos pasaron a juicio por decisión del juez Carlos Liendo, quien ratificó la medida privativa de libertad.
«Los quieren obligar a asumir que les pagaron 30 dólares para protestar, pero, ¿por qué deben admitir algo que no es cierto? Esa es la condición para bajarles la pena», indicaron las declarantes, quienes cuestionaron la actuación de la defensora pública.
«Es una déspota y no tiene ningún interés en defender a nuestros hijos. Tanto el juez, como el fiscal y la defensora son títeres del Gobierno», coincidieron las madres procedentes del estado Anzoátegui, quienes se mostraron indignadas por el trato que han recibido sus hijos, sin ningún beneficio, en comparación con presos que han cometido homicidios u otros delitos mayores.
Una familia en medio de la adversidad
Las madres, hermanas y tías de los presos de Anzoátegui se han unido para trasladarse juntas hasta el estado Miranda, compartir los gastos, darse aliento y luchar por la libertad de los suyos. «Los defenderemos como unas leonas», destacaron.
En su primera visita a esta zona, cada una reunió aproximadamente 200 dólares. Muchas de ellas, sin trabajo, se vieron obligadas a vender enseres del hogar, empeñar otros o pedir prestado para cubrir los gastos de comida, alojamiento y movilización.
Para iniciar el recorrido hasta el estado Miranda abordaron un transporte público en Anzoátegui, que les cobró 10 dólares a cada una. Llegaron a un terminal en Caracas y de allí se fueron al del Nuevo Circo, en la misma ciudad, para trasladarse a Santa Teresa del Tuy. El tercer autobús lo abordaron en la carretera que da acceso al penal de Yare y luego se montaron en otro hasta las puertas del recinto penitenciario.
El día que se les permitió la entrada al reclusorio tuvieron que cancelar 40 bolívares para que otro transporte las llevara hasta Yare III, porque está lejos de la entrada del penal.
«Ya somos una gran familia y nuestros hijos también se han compenetrado, a pesar de que ninguno se conocía antes de ser detenido y nosotras tampoco», señalaron las mujeres, mientras se tomaban de las manos y elevaban una oración.
«No hay poder más grande que el de Dios y confiamos en que nuestros hijos saldrán en libertad», afirmaron con la fe puesta en el Todopoderoso.
