La represión es uno de los negocios más prósperos para el régimen de Nicolás Maduro, es una maquinaria que no solo se aplica para la persecución social y política contra disidentes, sino que se ha transformado en una infame empresa que busca su financiamiento a través de actos de corrupción, lavado de activos y contratos públicos que también se benefician de la misma crisis económica impuesta por la dictadura.
Un ejemplo claro de esto es la historia de tres militares que han trabajado para mantener en funcionamiento este engranaje represivo. Dos de ellos trabajan en el aparato represivo de Nicolás Maduro, mientras que el otro acumuló 271 contratos públicos en una década y construyó una estructura que fue usada en la estafa del Clap.
El primer militar
Boris Milan Rudman Jiménez es un comandante de la Guardia de Honor Presidencial que en el 2011 solicitó la nacionalidad croata por ser hijo de un inmigrante en ese país. Fuentes militares señalan que una de sus tares ha sido vigilar y denunciar a compañeros de armas considerados como «traidores». Su nombre recurrentemente aparece en los testimonios de militares presos que aseguran haber sido torturados y condenados sin pruebas.
El teniente coronel Igber Marín Chaparro lo señaló como pieza clave en su acusación. La periodista Sebastiana Barráez, durante diciembre del 2020, documentó como cinco comandantes fueron condenados en un juicio express que solo se sostuvo únicamente en los testimonios de Rudman, presentado como «testigo estrella» de la Fiscalia.
Mientras Rudman dedica su tiempo a reprimir y torturar, su familia lleva una vida distinta en Estados Unidos. En 2020, su madre viajó con visa de turista y en agosto de ese mismo año su hermano compró una casa en Lakeland, Florida, por 184 mil dólares.
En el 2024, su hijo mayor publicó fotos de un paseo por Texas.
El segundo militar
El vicealmirante Gregorio Antonio Briceño Paniagua es el actual comandante de la ZODI La Guaira, puesto que usa para controlar el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y supervisa puntos de control militar en migración.
Briceño tiene el poder para confiscar pasaportes y ordenar represión contra opositores, defensores de Derechos Humanos y periodistas que intentan salir de Venezuela.
Su familia actúa como pieza clave de la persecución migratoria.
Su esposa Patricia Elena Boada entró a Estados Unidos en 2022 y figura como directora de la empresa GPS Group Company C.A. Inc., registrada en Miami en 2020. Sus hijos también mantienen un historial de viajes frecuentes al norte.
El tercer militar
William José Hernández Cova, mayor retirado del Ejército y líder de un conglomerado que incluye empresas petroleras en Colombia, una clínica privada y bodegones en Caracas, además de sociedades en Panamá, EE. UU. y el Reino Unido. Su expansión se dio durante la gestión de Carlos Rotondaro en el IVSS.
Entre los años 2004 y 2014, una de sus empresas recibió más de 90 millones de dólares preferenciales en divisas. Según Armando Info, durante una década sus empresas acumularon 271 contratos.
Su conexión no es con las torturas, pero sí con los negocios corruptos, sobre todo con los Clap, junto a su socio Carlos Lizcano, impuesto en Estados Unidos desde 2021-
Su hija, Willamy Daniela Hernández Sánchez, vive en Florida, donde es copropietaria de una vivienda en Winter Park y figura como directiva de varias compañías.
El congresista republicano Carlos Giménez lanzó una advertencia a estas figuras. “Los chavistas, los asociados y testaferros del régimen que están infiltrados dentro de EE. UU. ya están siendo identificados. Los que colaboren con el régimen perderán su estatus migratorio, y si son ciudadanos naturalizados, tampoco estarán exentos”.
