Organizaciones defensoras de derechos humanos, como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Provea, denunciaron el grave deterioro de la salud de los presos políticos Maykelis Borges y Juan Valor, víctimas de la represión del régimen de Nicolás Maduro, investigado por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad. Borges, de 26 años, embarazada de 38 semanas y con riesgo de preeclampsia, fue trasladada de emergencia al Hospital Victorino Santaella en Los Teques tras una crisis de tensión arterial alta. Valor, de 66 años, sufre una parálisis facial parcial sin atención médica adecuada. Ambos casos reflejan la negligencia deliberada hacia los 853 presos políticos reportados por Foro Penal, un patrón de tortura y violaciones sistemáticas.
Maykelis Borges: Embarazo de alto riesgo en prisión
Detenida el 29 de enero de 2025 por la DGCIM en Caracas, Borges está recluida en el INOF de Los Teques, presuntamente para presionar a su pareja, un militar retirado acusado de conspiración. A pesar de estar a días de su parto (17 de agosto), no ha recibido estudios esenciales como un ecosonograma, según JEP. Tamara Suju, del Casla Institute, exigió su liberación: “Maykelis es inocente; debe dar a luz en libertad”. La falta de atención médica, denunciada en X por @JEPvzla, pone en riesgo su vida y la de su bebé, agravando los crímenes de lesa humanidad del régimen.
Juan Valor: Negligencia médica y detención arbitraria
Valor, exdirigente sindical, fue detenido el 9 de enero en San Félix, Bolívar, por agentes armados. Su familia reporta que sufre parálisis facial parcial sin tratamiento, en un centro con hacinamiento y condiciones inhumanas, según Provea. “No ha sido trasladado a un hospital”, afirmó su hija Damaris, destacando la detención arbitraria. La negligencia médica, parte del “patrón de puerta giratoria” descrito por Human Rights Watch, refuerza la tortura sistemática contra disidentes.
Una crisis humanitaria silenciada
La salud en Venezuela, colapsada desde 2017 según The Lancet, carece de insumos básicos, con hospitales sin agua ni medicamentos. La detención de Borges y Valor, junto a casos como el de Gabriel Rodríguez, evidencia un sistema que usa la privación de atención médica como arma. El informe “El libro gris” documenta 51 desapariciones forzadas temporales y 124 detenciones políticas en 2025, calificadas como crímenes de lesa humanidad. La liberación de 71 presos en un canje con EE.UU. y El Salvador no detuvo las detenciones, según AlbertoNews.
María Corina Machado y Edmundo González, líderes de la oposición, denuncian que el régimen, vinculado al Cártel de los Soles, perpetúa estos abusos para silenciar la verdad del fraude del 28J. La presión internacional, con sanciones y recompensas de 65 millones de dólares, urge justicia. La resistencia venezolana clama por la liberación de Borges, Valor y todos los presos políticos, enfrentando una Emergencia Democrática Compleja que amenaza vidas y derechos fundamentales.
