La ONG Un Mundo Sin Mordaza ha presentado el informe «El miedo cruzó la frontera», una investigación que documenta la forma cómo el régimen madurista ha extendido sus mecanismos de persecución más allá de las fronteras venezolanas para intimidar, castigas y silenciar a activistas, periodistas y defensores de Derechos Humanos, además de opositores que viven en el exterior.
El estudio abarca el período comprendido entre el 01 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, registra 326 casos verificados de represión transnacional. Durante la rueda de prensa, Rodrigo Diamanti, presidente de la ONG, explicó que el informe demuestra que la represión del régimen “no se detiene en las fronteras nacionales”, sino que tiene una proyección hacia otros países mediante prácticas que incluyen la estigmatización pública, hostigamiento digital, represalias consulares, vigilancia, amenazas, uso indebido de mecanismos policiales internacionales e incluso agresiones físicas.
Diamanti destacó que más de la mitad de los casos corresponden a campañas de propaganda y estigmatización extraterritorial, utilizadas para deshumanizar y señalar a disidentes en el exterior.
Con información de El Nacional / Nota de prensa
El informe identifica ocho tipologías de represión, entre ellas la represión consular —negación arbitraria de documentos, trabas administrativas y bloqueos en trámites esenciales—, la apertura de investigaciones penales extraterritoriales, la vigilancia física fuera del país, las represalias contra familiares que permanecen en Venezuela y operaciones digitales coordinadas desde el Ministerio de Comunicación e Información. Según la organización, estas campañas digitales han generado decenas de miles de incidentes de hostigamiento en redes sociales.
El director legal de la ONG, José Leonardo Díaz, detalló que la investigación se basó en fuentes abiertas verificables, análisis técnico y triangulación de información para identificar patrones y atribuir responsabilidades. Subrayó que los 326 casos documentados representan solo una fracción del fenómeno, debido al temor de las víctimas a denunciar y a la dificultad de rastrear operaciones encubiertas.
Testimonios de víctimas
La presentación incluyó testimonios de personas afectadas por la represión transnacional. La activista y abogada Elisa Trotta, exiliada en Argentina, relató cómo fue señalada públicamente en un programa de Diosdado Cabello, donde se mencionó incluso la casa de su familia en Venezuela. Trotta explicó que, aunque cuenta con protección del Estado argentino, la amenaza contra sus familiares la obligó a modificar su vida cotidiana y aplazar el regreso de su madre a Venezuela. “Nos acostumbramos a vivir con miedo, pero el mayor temor siempre es por quienes quedan en Venezuela, totalmente indefensos”, afirmó.
Desde Colombia, el activista Luis Peche narró el atentado que sufrió junto a su compañero Yendri Velásquez en octubre de 2025, cuando ambos fueron atacados a tiros frente a su residencia en Bogotá. Peche recibió seis impactos de bala y Velásquez ocho. “Esto demuestra que la violencia que te obliga a salir de Venezuela puede alcanzarte incluso fuera del país”, dijo. Señaló que el ataque generó un efecto paralizante entre la comunidad venezolana en Colombia, donde varios activistas decidieron emigrar nuevamente por temor.
Peche llamó a los gobiernos de la región a investigar con seriedad estos hechos, citando como ejemplo el caso del teniente Ronald Ojeda en Chile, donde la Fiscalía concluyó que el asesinato fue ordenado desde Venezuela. “La impunidad no puede seguir siendo la norma”, advirtió.
Un fenómeno estructural
Un Mundo Sin Mordaza alertó que la represión transnacional es un sistema estructural, no un conjunto de hechos aislados, y que sus efectos continuarán incluso si se producen cambios políticos en Venezuela. La organización insistió en la necesidad de rendición de cuentas, reparación a las víctimas y garantías de no repetición, en línea con estándares internacionales de derechos humanos.
El informe será remitido a organismos multilaterales, como la Corte Penal Internacional (CPI), relatorías de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
