El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, un programa conjunto de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), emitió un llamado urgente el 5 de agosto de 2025 para exigir medidas de protección para Andreina y Margareth Baduel, hijas del fallecido general Raúl Isaías Baduel, ante una campaña de hostigamiento y vigilancia intensificada por el régimen de Nicolás Maduro.
Andreina, periodista y portavoz del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE), y Margareth, también activista del comité, enfrentan seguimientos, grabaciones no autorizadas y amenazas desde el 18 de junio de 2025, tras denunciar en una rueda de prensa en la Universidad Central de Venezuela las violaciones de derechos humanos contra los 807 presos políticos documentados por Foro Penal.
Una campaña de terror sistemática
El hostigamiento comenzó tras la rueda de prensa del 18 de junio, cuando agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se infiltraron y grabaron a los participantes sin autorización. Desde entonces, Andreina Baduel reportó vehículos sin placas y encapuchados frente a su vivienda, con vigilancia constante entre el 19 y el 25 de junio.
Margareth Baduel fue perseguida por motorizados que la grabaron mientras estaba con su esposo e hijo, y el 26 de junio, funcionarios encapuchados de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) instalaron una alcabala improvisada cerca de su casa, impidiéndole salir. El 16 de julio, un grupo numeroso de agentes regresó a la residencia de Andreina, incrementando el temor. Estas acciones, según el Observatorio, buscan intimidar al CLIPPVE y disuadir a las víctimas de buscar ayuda.
Medidas cautelares ignoradas por el régimen
El 12 de junio de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Andreina Baduel (Resolución 44/2025), considerando que enfrenta un riesgo grave e irreparable debido a seguimientos, amenazas y hostigamiento físico y digital.
La CIDH ordenó al régimen proteger su vida e integridad y garantizar su labor sin represalias, pero el Estado venezolano ha ignorado estas medidas, como en los casos de 9 de 13 beneficiarios de cautelares en 2025, según la Misión de la ONU. Este incumplimiento refleja la complicidad del sistema judicial, donde el habeas corpus es ineficaz, según Patricia Tappatá de la Misión.
El Observatorio exigió al régimen de Maduro: 1) adoptar medidas inmediatas para proteger la seguridad de las hermanas Baduel y sus familias; 2) investigar y sancionar a los responsables de la vigilancia ilegal; 3) cesar toda intimidación contra defensores de derechos humanos; y 4) cumplir las medidas cautelares de la CIDH. También instó al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y a la Secretaría de Derechos Humanos de Venezuela a actuar sin demora. La ONG agradeció el respaldo del Observatorio FIDH-OMCT y llamó a la comunidad internacional a mantenerse vigilante, afirmando que “defender derechos no puede seguir siendo un riesgo”.
