Organizaciones de derechos humanos expusieron este miércoles ante parlamentarios republicanos y demócratas del Congreso de Estados Unidos la urgencia de que Venezuela avance hacia una transición democrática real, en medio de la crisis humanitaria, institucional y política que se agravó tras los terremotos del 24 de junio.
En la audiencia organizada por la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes, voceros de Justicia, Encuentro y Perdón, el Centro de Justicia y Paz, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y el Centro Robert y Ethel Kennedy para los Derechos Humanos coincidieron en que cualquier proceso de transición debe garantizar la protección de las víctimas, la reconstrucción del Estado de derecho, la participación de la sociedad civil y la justicia con rendición de cuentas.
Una apertura que llega a medias
La abogada Martha Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, reconoció que la intervención del gobierno estadounidense permitió la excarcelación de un número importante de presos políticos y que la Ley de Amnistía habilitó la conclusión de otros procesos judiciales. «Ha representado un alivio», dijo.
Sin embargo, advirtió que los avances son parciales y la transparencia brilla por su ausencia. Las autoridades no han entregado a los organismos internacionales de derechos humanos las listas de beneficiarios ni las han mostrado a defensores y familiares, lo que ha impedido verificar de forma independiente los anuncios oficiales.
Desde que se anunció la liberación de presos políticos, la organización documentó que de las 795 personas que salieron de prisión, solo una minoría obtuvo libertad plena mediante la aplicación de la Ley de Amnistía. «La mayoría de quienes han salido de prisión se mantiene con libertad condicionada y sometida a procesos judiciales que violan las garantías al debido proceso», señaló Tineo, quien cifró en 518 las personas que permanecen privadas de libertad por motivos políticos.
El cuadro que describió ante los legisladores es el de un país donde el «andamiaje institucional» cierra la fiscalización internacional, persisten leyes que asfixian el espacio cívico y estigmatizan a las ONG, y las violaciones de derechos humanos, incluidas torturas a presos políticos y sus familias, siguen ocurriendo.
«Venezuela es un país devastado por décadas de erosión en su tejido político, económico y social. Somos conscientes de que una tragedia de esta magnitud no se supera en meses, ni puede ni debe depender exclusivamente de la política norteamericana. Consideramos fundamental que la estrategia de Estados Unidos hacia nuestra región sea diseñada con un enfoque basado en los derechos humanos», expresó Tineo.
Con información de El Nacional
Tres medidas inmediatas
La abogada planteó tres acciones que, afirmó, pueden ejecutarse de manera inmediata. La primera es la liberación plena y definitiva de todos los presos políticos, tanto civiles como militares, para lo que las organizaciones pusieron a disposición sus registros independientes como fuentes de confianza. La segunda es la derogación de las leyes que restringen el espacio cívico por ser inconstitucionales. La tercera es el desmantelamiento de las estructuras de persecución que operan en el país.
Tineo cerró con un llamado a incluir a la sociedad civil venezolana en el diseño de la agenda entre Estados Unidos y Venezuela: «Es indispensable promover la participación significativa de las organizaciones venezolanas especializadas en derechos humanos. Poseemos capacidades técnicas avanzadas en protección y defensa que representan un valor estratégico para fortalecer un proceso genuino de estabilización, recuperación y democratización, garantizando justicia para las víctimas».
