Los terremotos del 24 de junio en Venezuela reabrieron con urgencia el debate sobre el Estatuto de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en Estados Unidos. Desde antes de los sismos, la administración Trump sostenía que Venezuela ya no reunía las condiciones que justifican este beneficio migratorio. Ahora, organizaciones de derechos humanos y congresistas demócratas presionan para que la tragedia cambie ese cálculo.
El debate se intensificó la semana pasada en una audiencia ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes, donde organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón, el Centro de Justicia y Paz, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro Robert y Ethel Kennedy para los Derechos Humanos plantearon la urgencia de extender la protección a cientos de miles de venezolanos ante la emergencia que enfrenta su país.
La legislación estadounidense establece que el TPS puede otorgarse cuando los ciudadanos de un país enfrentan un conflicto armado, un desastre ambiental o condiciones extraordinarias que impidan un retorno seguro. Los terremotos del 24 de junio, que devastaron principalmente el estado La Guaira y dejaron miles de muertos y desaparecidos, son citados por los solicitantes como un argumento directo: la propia ley menciona los terremotos como ejemplo de situación que puede justificar la designación.
Con información de El Nacional
La tensión en el Congreso
La congresista demócrata Debbie Wasserman presionó a Andrés Martínez Fernández, analista sénior de la Foundation Heritage, organización cercana a la administración Trump, sobre si los terremotos ameritaban la redesignación del TPS. El analista esquivó la pregunta en dos ocasiones, alegando que el asunto estaba fuera de su área de especialización.
«La verdad duele, la verdad duele», respondió Wasserman. «Necesitamos asegurarnos de que hagamos lo moralmente correcto, lo humanitario, y garantizar que no deportemos a personas de regreso a un país que ha sido devastado», afirmó.
Martínez optó por destacar el «cambio sustancial» que habría ocurrido en Venezuela en materia económica y en la supervisión de los ingresos petroleros, argumento que tampoco convenció a la congresista: «Ese es el problema. Todo se ha centrado en los ingresos petroleros y no se están tomando en cuenta las condiciones reales sobre el terreno: la falta de asistencia humanitaria, la ausencia de una transición hacia la democracia y las continuas violaciones de derechos humanos», señaló Wasserman.
146 venezolanos deportados el día del terremoto
Laura Cristina Dib, directora del Programa para Venezuela de WOLA, expuso ante el Congreso uno de los casos más impactantes de la audiencia: el vuelo 168 de Global que salió de Phoenix, Arizona, y llegó a Venezuela el 24 de junio, el mismo día de los terremotos, con 146 venezolanos deportados a bordo, entre ellos 120 hombres, 19 mujeres y 7 niños.
Dib señaló que no existe información sobre cuántos de esos ciudadanos sobrevivieron, que fueron recibidos en el Aeropuerto de Maiquetía por funcionarios del Sebin y la Dgcim, y que la organización WOLA intentó posteriormente acceder al lugar sin poder hacerlo porque el Sebin impedía que los familiares buscaran a sus seres queridos bajo los escombros.
«Este caso ejemplifica la necesidad de proteger a los venezolanos de las deportaciones arbitrarias y también de establecer el TPS para Venezuela y detener las expulsiones», afirmó. Solo en lo que va de año, precisó Dib, se han realizado 138 vuelos de deportación desde Estados Unidos, en los que más de 25.000 venezolanos han sido regresados a su país.
Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz, cerró el cuadro con una advertencia: «Venezuela necesita protección internacional porque la crisis de derechos humanos, humanitaria y política que enfrenta es enorme. Es importante que la política de Estados Unidos tome esas condiciones en cuenta y asegure el acceso a una protección legal adecuada para las personas que no pueden retornar de manera segura».
