El 28 de septiembre de 2024, Jesús Enrique Barreto Suárez, un estudiante de Ingeniería en Sistemas de 23 años, fue detenido arbitrariamente por la Policía Estadal de Trujillo, Venezuela, acusado sin pruebas de terrorismo e incitación al odio. Este joven, que padece lupus y un trastorno plaquetario, se convirtió en uno de los 853 presos políticos registrados por Foro Penal al 21 de julio de 2025, víctimas de los crímenes de lesa humanidad del régimen de Nicolás Maduro.
Su detención, ocurrida cerca de una marcha del PSUV mientras lavaba ropa en casa, refleja la represión quirúrgica desatada tras las elecciones fraudulentas del 28 de julio de 2024. La familia Barreto, encabezada por Luis, un policía con 23 años de servicio, enfrenta un calvario para exigir justicia y atención médica para Jesús.
Luis Barreto, padre de Jesús, relató a El Nacional cómo recibió la noticia: “Me llamó su madre diciendo que se lo llevaron”. A pesar de su trayectoria, sus colegas en el comando policial número 10 le negaron información, tratándolo como a cualquier familiar de un preso político. “No me dieron detalles, solo supe después que le imputaron cargos absurdos”, afirmó. La comunidad respalda la inocencia de Jesús, asegurando que “no es de lanzar piedras”.
Un preso político sin atención médica
Jesús, diagnosticado con lupus desde niño, necesita tratamiento constante para evitar desmayos y complicaciones. En prisión, ha colapsado tres veces, pero no ha sido evaluado por especialistas. “El 23 de junio tenía consulta, pero los tribunales no lo autorizaron”, explicó Luis. La doctora asignada al caso es inalcanzable, y el joven no recibe su medicación regular. “Algunos compañeros me ayudan a pasarle pastillas, pero es insuficiente”, lamentó. Foro Penal y Human Rights Watch han documentado cómo la falta de atención médica en cárceles venezolanas agrava los crímenes de lesa humanidad, con casos de tortura y condiciones inhumanas.
La detención de Jesús se enmarca en una ola represiva postelectoral. Según Foro Penal, 18.424 personas fueron detenidas tras el 28 de julio, muchas sin órdenes judiciales. “Lo acusaron de tener gasolina para causar daños, pero estaba en casa”, insistió Luis. La familia, incluida su abuela de 86 años, lo visita semanalmente, pero Jesús, que cumplió 23 años en prisión, repite: “Papá, no hice nada”.
Una justicia paralizada por el régimen
Luis ha viajado tres veces a Caracas para gestionar la liberación de su hijo, pero la abogada pública asignada nunca responde. “No sé cómo suena su voz”, denunció. La fiscalía número 58 confirma que el juicio no ha comenzado, atrapado en un sistema judicial subordinado al régimen, señalado por la ONU como cómplice de crímenes de lesa humanidad. “Todo está parado”, afirmó Luis, quien lleva informes médicos sin éxito. La negativa a permitir abogados privados agrava la indefensión de los detenidos.
El impacto en la familia es devastador. La madre de Jesús sufre problemas de salud por la tensión, y su abuela pregunta diariamente por él. Luis, a punto de jubilarse, evita hablar del caso en el comando por miedo a represalias. “Sé que mis colegas tienen miedo. La situación es delicada”, confesó. A pesar de todo, mantiene la fe: “Mi hijo es inocente. En nombre de Dios, va a salir”.
La resistencia contra la opresión
La detención de Jesús Barreto es un ejemplo de la represión selectiva que, según Human Rights Watch, sustituyó las protestas masivas por arrestos quirúrgicos para silenciar disidentes. La Causa R y María Corina Machado han denunciado este “golpe electoral” que niega la victoria de Edmundo González. Mientras la CPI investiga a Maduro por crímenes de lesa humanidad, la lucha por la libertad de Jesús y otros presos políticos continúa. Luis clama: “Todos esos muchachos son inocentes”. La esperanza de justicia persiste, alimentada por un pueblo que no se rinde.
