El Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV) condenó enérgicamente la “cobarde agresión” del 5 de agosto de 2025 contra las madres del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, atacadas por colectivos paramilitares durante una vigilia pacífica frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas. Según Neirlay Andrade, integrante del PCV, los agresores, armados y encapuchados, golpearon y robaron a las manifestantes, incluyendo a una madre con un bebé y una mujer embarazada, tras la retirada cómplice de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el GAES. “El Estado se negó a recibir las denuncias, revictimizando a estas mujeres humildes”, afirmó Andrade, denunciando la impunidad del régimen de Nicolás Maduro.
Un ataque planificado para silenciar
El ataque, reportado por Provea, involucró a unos 70 encapuchados que robaron carteras, teléfonos y carpas, arrastrando por el suelo a quienes se resistían. La ausencia de las fuerzas de seguridad, seguida por la aparición de un grupo mixto de policías y civiles armados, sugiere una operación orquestada, según la Misión de la ONU (2024). Este acto se suma a la represión postelectoral, con 25 asesinatos y 2,200 detenciones arbitrarias, según la CIDH. Foro Penal reporta 807 presos políticos, incluyendo 95 mujeres, muchos trasladados arbitrariamente desde El Helicoide, como Alejandro Rebolledo, en un patrón de desapariciones forzadas temporales.
Detención de Martha Lía Grajales: Terror de Estado
El PCV también denunció la detención arbitraria de Martha Lía Grajales, defensora de derechos humanos del colectivo Surgentes, arrestada el 8 de agosto tras un acto frente a la sede de la ONU en Caracas. “Es una muestra del estado de terror que Maduro busca imponer para neutralizar al movimiento popular”, afirmó Andrade. Grajales, conocida por documentar violaciones laborales, enfrenta cargos de “asociación para delinquir” sin pruebas, según Efecto Cocuyo. Su caso, junto al hostigamiento a Andreina y Margareth Baduel, refleja la persecución sistemática contra activistas, agravada por leyes como la de ONG, que impone penas de hasta 30 años.
Movilización por la libertad y la justicia
El PCV anunció su apoyo a una movilización convocada para el 14 de agosto frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas, exigiendo el cese de la represión, la restitución del Estado de derecho y el cumplimiento de la Constitución.
