En una audiencia celebrada este martes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la organización Fundación para el Debido Proceso exigió la liberación inmediata e incondicional de los hermanos Rolando, Otoniel y Juan Guevara, exfuncionarios policiales venezolanos que llevan más de 20 años detenidos, acusados del asesinato del fiscal Danilo Anderson en un proceso que abogados y expertos califican como un caso emblemático de criminalización política bajo el chavismo.
Jackeline Sandoval, representante de la fundación y esposa de Rolando Guevara, pidió a la CIDH que condene al Estado venezolano por violaciones a los derechos humanos y que exija la libertad de los tres hombres, víctimas de un juicio “basado en pruebas falsas, torturas, y un fraude procesal sostenido por un aparato judicial politizado”.
Sentencias sin sustento legal
Rolando y Otoniel Guevara fueron condenados a 27 años de prisión, mientras que Juan Guevara recibió una sentencia de 30 años, bajo cargos de homicidio calificado con premeditación y alevosía, además de porte ilícito de armas. Las condenas se sustentaron únicamente en los testimonios de dos testigos, uno de los cuales —Giovanni Vázquez— admitió en una entrevista posterior que fue contratado para incriminarlos.
La audiencia también contó con la participación de María Angélica Correa, periodista que investigó el caso de manera independiente. Correa denunció un “guion fabricado” por la Fiscalía, jueces, y cuerpos de inteligencia militar para ocultar a los verdaderos autores intelectuales del crimen, presuntamente vinculados al entorno del Palacio de Miraflores.
“Los Guevara fueron convertidos en chivos expiatorios por no simpatizar con Hugo Chávez”, sostuvo Correa, quien presentó como evidencia una grabación donde el principal testigo admite haber mentido por encargo.
Arrestos sin orden judicial y bajo tortura
Los hermanos Guevara fueron detenidos en noviembre de 2004, en el contexto de la explosión que mató al fiscal Danilo Anderson, sin orden judicial ni vínculos reales con el caso. Para el momento de su aprehensión ya no eran funcionarios activos, y fueron privados de libertad mediante procedimientos ilegales.
Sandoval denunció que sus esposos fueron sometidos a tortura física y psicológica, y que el proceso penal estuvo marcado por la negación al derecho a la defensa y al principio de presunción de inocencia. “Esto no fue un juicio: fue una venganza con apariencia de legalidad”, sentenció.
Testimonios de exfiscales
Durante la audiencia también intervino el exfiscal venezolano Hernando Contreras, quien participó en las primeras etapas de la investigación del caso Anderson. Contreras relató que fue apartado de sus funciones y obligado al exilio tras denunciar las irregularidades cometidas por la Fiscalía y por altos funcionarios del chavismo.
“Estamos ante un sistema de terror de los más eficaces del mundo. Yo pude haber sido liquidado”, afirmó. Contreras respaldó la petición de liberación inmediata de los Guevara, y subrayó que el proceso “estuvo plagado de desviaciones que lo convierten en un emblema de la persecución judicial en Venezuela”.
La Fundación para el Debido Proceso solicitó que la CIDH emita una sentencia que obligue al Estado venezolano a otorgar la libertad a los hermanos Guevara y a brindarles una reparación integral, reconociendo los crímenes de lesa humanidad cometidos en su contra.
También exigieron que el Estado sea instado a realizar una investigación exhaustiva para determinar a los verdaderos responsables del atentado que costó la vida a Anderson, y a abstenerse de seguir utilizando el aparato judicial como herramienta de persecución política.
Un caso símbolo del chavismo represivo
El asesinato de Danilo Anderson, ocurrido el 18 de noviembre de 2004, marcó un punto de inflexión en la historia del chavismo: fue usado para justificar una ola de detenciones y represión contra voces disidentes, especialmente en los cuerpos de seguridad.
Para múltiples organismos de derechos humanos, el caso de los hermanos Guevara representa uno de los más graves montajes judiciales de la era Chávez, y su revisión ante instancias internacionales se presenta como una oportunidad para restituir justicia y sentar precedente contra la impunidad en Venezuela.
