(Fuente: El Nacional) La población de Arismendi, ubicada en el estado Barinas, vivió tres días de terror tras la llegada de más de 60 funcionarios policiales encapuchados, armados y sin identificación, que presuntamente buscaban a los respondes del asesinato del productor ganadero Miguel Olivo Piña y su esposa Romelia Garrido de Olivo.
El asesinato ocurrió el pasado 25 de junio, de acuerdo con las denuncias de los habitantes citadas por la periodista de investigación Sebastiana Barráez.
El operativo derivó en allanamientos masivos, robos, golpizas, detenciones arbitrarias y extorsiones. Más de 100 viviendas fueron allanadas sin orden judicial y decenas de familias terminaron siendo víctimas de amedrentamiento y violencia.
Con información de El Nacional
Policías encapuchados al servicio de Diosdado Cabello
El comando mixto que llegó a Arismendi estaba integrado por la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO, antigua FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), todos cuerpos bajo la autoridad del ministro del Interior, Diosdado Cabello.
Bajo el mando de un general encapuchado que nunca se identificó, los efectivos armados irrumpieron en las casas preguntando: “¿Dónde tienen la droga?”, como si en cada hogar hubiese narcóticos. Varios pobladores contaron que los policías les exigieron sumas de entre 1.000 y 30.000 dólares para liberarlos o no sembrarles pruebas. Algunos terminaron pagando para evitar ser detenidos.
En un caso emblemático, a un hombre que acababa de vender ganado le incautaron 10.000 dólares en efectivo y le robaron la mitad con el argumento de que “era ilegal portar divisas”. En otro, a un comerciante le sembraron municiones de FAL y como no pudo reunir los 30.000 dólares que le exigieron, lo dejaron preso.
“O pagas o te dejamos preso”, fue la amenaza constante, según testimonios. En esos tres días, varios vecinos fueron golpeados, entre ellos un joven al que le propinaron una fuerte patada en la espalda por negarse a pagar.
Los funcionarios también saquearon viviendas, llevándose dinero en efectivo, televisores, joyas, bebidas alcohólicas y hasta alimentos. Un matrimonio relató cómo mientras conversaban frente a su casa, fueron encañonados, obligados a entrar y les vaciaron la despensa.
Incluso los comerciantes del pueblo no escaparon: “Les robaron sus pertenencias, el dinero de la venta del día y hasta sus botellas de whisky”, dijeron en calidad de anonimato a la periodista Sebastiana Barráez de Infobae.
Una intervención militar puso fin al abuso en Barinas
La situación terminó cuando arribaron al pueblo de Barinas tres unidades de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) comandadas por otro general, al parecer de mayor rango, quien ordenó a los policías retirarse. Un testigo aseguró haber escuchado al alto oficial decir: “Están denunciados y van a ser investigados por esto. Se me van de aquí”.
Mientras tanto, algunos efectivos militares se desplazaron en lanchas y canoas hasta el hato donde ocurrió el crimen de los Olivo, mientras otro grupo se quedó en el pueblo recabando denuncias de los atropellos cometidos por la policía.
Lo ocurrido en Arismendi deja entrever la disputa de poder entre facciones del chavismo. Por un lado, el control del ministro del Interior, Diosdado Cabello, sobre los cuerpos policiales; por el otro, el respaldo del presidente Nicolás Maduro con el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez.
Los vecinos dijeron temer que sus denuncias se pierdan o se tomen represalias.
¿Por qué la policía llegó a Arismendi?
El motivo inicial fue el asesinato del productor Miguel Olivo Piña, conocido como El Negro Olivo, y su esposa.
La pareja fue desmembrada en su finca ubicada en San Antonio de Las Flores, en el municipio más extenso y remoto del estado Barinas, controlado desde hace años por grupos irregulares como las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN).
La primera hipótesis apunta a que el asesinato ocurrió porque los Olivo se negaron a pagar extorsiones.
