El abogado y activista de la ONG Provea, Eduardo Torres, ha denunciado que el Poder Judicial del régimen venezolano ha negado la solicitud de aplicación de la Ley de Amnistía a seis dirigentes sindicales.
«Hoy los tribunales penales le negaron la Amnistía a los 6 sindicalistas condenados a 16 años por defender derechos», denunció el también ex preso político en una publicación en X, en la que publicó una fotografía con el grupo de trabajadores en las afueras del Palacio de Justicia en Caracas.
«Venezuela exige justicia, libertad y democracia», agregó el activista de la organización.
Los sindicalistas Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo fueron secuestrados entre el 4 y el 7 de julio de 2022, y condenados en agosto de 2023 por los delitos de conspiración y asociación para delinquir, según informó el entonces fiscal general de la dictadura chavista, Tarek William Saab.
Con información de Monitoreamos
Posteriormente fueron excarcelados en diciembre de 2023, dos meses después de una reanudación de negociaciones políticas -con un papel importante de Estados Unidos, entonces bajo la Administración de Joe Biden– entre el régimen del dictador Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
En los últimos días, organizaciones han denunciado el rechazo a diversas solicitudes de amnistía, incluyendo las de dos periodistas del país suramericano.
Consultado por estas negativas, este martes el presidente del Asamblea Nacional Chavista, Jorge Rodríguez, afirmó que todos «tienen derecho a apelar» ante los tribunales, y reiteró que la comisión parlamentaria para el seguimiento de la Ley de Amnistía seguirá analizando casos.
La Ley de Amnistía, promulgada en febrero, contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos.
Hasta el jueves pasado, el Parlamento cifraba en 7.727 libertades plenas concedidas en el marco de este proceso: 7.474 personas tenían libertad restringida con medidas cautelares -como la prohibición de salida del país y presentación periódica en tribunales-, mientras que los otros 253 estaban encarcelados.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, contabilizaba 508 detenidos en Venezuela hasta el pasado miércoles, aunque el régimen chavista niega que haya personas arrestadas por estos motivos, sino que afirma que cometieron varios delitos.
