El abogado bi nacional y defensor de Derechos Humanos, Zair Mundaray, asegura que la cadena de mando y su toma de decisiones alrededor del caso de Víctor Quero Navas revelan como el exfiscal general de la dictadura Tarek William Saab tiene responsabilidad directa con su desaparición forzada, la violación al debido proceso y su fallecimiento.
La señora Carmen Teresa Navas recibió confirmación de la muerte de su hijo Víctor Quero Navas, quien fue víctima de desaparición forzada desde julio de 2024. El régimen dio a conocer la exhumación del cadáver en el cementerio Jardín La Puerta de Caracas, proceso que se extendió por más de nueve horas.
Mundaray alertó sobre irregularidades en el procedimiento. «Esto es una autopsia tardía porque, de acuerdo con el comunicado del Ministerio Penitenciario, el certificado de defunción lo firma un médico normal, un médico asistencial. Esto da un dato: jamás pasó por Medicatura Forense», explicó.
Mundaray cuestionó que la exhumación se realizara inicialmente con un «médico integral comunitario» sin capacidades técnicas para una autopsia de esta naturaleza. «Este tipo de autopsia solo la puede hacer un antropólogo forense porque debe tomar muestras que a simple vista no se ven y deben ser analizadas microscópicamente», indicó el experto.
Con información de NTN24
El caso de Quero presenta características particulares dentro de la casuística de desapariciones forzadas en Venezuela. A diferencia de otros casos, fue llevado ante un tribunal de terrorismo, imputado por cuatro delitos, y se le asignó un defensor público. «Fue llevado a un tribunal y fue imputado por un fiscal del Ministerio Público por el delito de terrorismo, de tenencia de explosivos, asociación para delinquir y otro delito más», detalló Mundaray.
El abogado señaló que «toda la cadena de mando de este caso involucra a Tarek William Saab, al sistema del Ministerio Público, pero también al sistema de justicia que llega hasta la Sala Penal». Mundaray enfatizó que el tribunal negó la solicitud de amnistía a Quero cuando ya había fallecido, demostrando conocimiento de su muerte.
“Sabían que tenía madre viva, sabían que tenían que notificarlo, pero además fue atendido por defensor público”, agregó.
Según el certificado de defunción oficial, Quero murió por tromboembolismo pulmonar, diagnóstico que Mundaray considera insuficiente sin una autopsia forense completa. «Las causales de tromboembolismo pulmonar son tan amplias que pueden ser incluso por contusiones, pueden ser por golpes en el tórax», advirtió.
El caso encendió alarmas entre familiares de más de 470 presos políticos que permanecen detenidos desde las protestas postelectorales. La exhumación se realizó con presencia de funcionarios de la Policía Científica, aunque persisten dudas sobre la cadena de custodia de las pruebas y el traslado del cuerpo.
