El régimen de Nicolás Maduro, acusado de crímenes de lesa humanidad, impone un nuevo golpe a los venezolanos con los exorbitantes precios de los pasaportes, un documento esencial para quienes buscan huir de la crisis. Este 25 de julio de 2025, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) mantiene los costos anclados al dólar del Banco Central de Venezuela (BCV), cotizado en 121,34 bolívares.
Un pasaporte ordinario para mayores de 18 años cuesta 216 dólares (26.209,44 bolívares), mientras que el express asciende a 350 dólares (42.469 bolívares). En un país donde el salario mínimo no supera los 10 dólares mensuales, estos precios son una barrera infranqueable para millones, evidenciando la sistemática violación de derechos humanos. El acceso a un pasaporte se ha convertido en un lujo. Para un niño de 3 a 17 años, el costo es de 164 dólares (ordinario) o 310 dólares (express). Incluso los menores de 3 años pagan 120 dólares, una suma desproporcionada en un contexto de hiperinflación y pobreza extrema.
Según la Encovi 2024, el 80% de los venezolanos vive en pobreza multidimensional, lo que convierte este trámite en una forma de exclusión deliberada. La diáspora venezolana, con más de 7,7 millones de emigrantes según ACNUR, refleja la urgencia de escapar de un régimen que la Corte Penal Internacional (CPI) investiga por crímenes de lesa humanidad, incluyendo represión y persecución.
Un derecho secuestrado por el régimen
El Saime solo acepta pagos electrónicos a través de bancos nacionales como Banco de Venezuela, Mercantil, Banesco y Bancamiga, excluyendo a quienes no tienen acceso a cuentas bancarias o viven en el exterior. Este sistema, lejos de facilitar, perpetúa la burocracia opresiva. Informes de Transparencia Venezuela documentan cómo la corrupción en el Saime ha generado un mercado negro de pasaportes, con costos que superan los 1.000 dólares en algunos casos.
Esta situación no solo restringe la libertad de movimiento, sino que refuerza los crímenes de lesa humanidad al limitar el acceso a la identidad. La imposibilidad de obtener un pasaporte condena a millones a permanecer atrapados en un país donde la represión, el hambre y la falta de servicios básicos son moneda corriente.
La Misión de Determinación de Hechos de la ONU (2023) señaló que el régimen de Maduro utiliza trabas administrativas como herramienta de control social, una práctica que agrava los crímenes de lesa humanidad. Mientras tanto, los venezolanos enfrentan dilemas imposibles: vender sus pertenencias o endeudarse para obtener un documento que debería ser un derecho universal.
La lucha por la libertad de movimiento
La comunidad internacional ha condenado estas prácticas. Amnistía Internacional ha instado al régimen a garantizar el acceso a documentos de identidad sin restricciones económicas. Sin embargo, Maduro ignora estas demandas, manteniendo un sistema que lucra con la desesperación. Los precios de los pasaportes no solo violan el derecho a la libre circulación, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino que forman parte de una estrategia para perpetuar el control sobre una población asfixiada.
La lucha por la democracia en Venezuela incluye exigir el acceso universal a la identidad. Mientras la CPI avanza en su investigación por crímenes de lesa humanidad, los venezolanos claman por justicia y libertad. Cada pasaporte inalcanzable es un recordatorio de un régimen que, lejos de proteger a su pueblo, lo somete a una opresión sistemática. La verdad debe prevalecer: el costo de un pasaporte en Venezuela no es solo económico, es una afrenta a la dignidad humana.
