Familiares de los más de mil ochocientos presos políticos que se mantienen en los calabozos del régimen chavista, temen que estos puedan estar siendo torturados de forma desproporcionada, al punto de creer que la cifra de muertes en custodia es superior a la confirmada por el Ministerio Público.
Después de hace algunos días, quienes fueron detenidos en el contexto postelectoral no paran de pedir “libertad” a viva voz y de gritar la palabra “asesinos” a los custodios de Rodeo I, una de las cárceles acondicionadas por el régimen como campo de concentración de opositores.
A partir de que comenzaron estos gritos de auxilio, los familiares no han podido tener contacto directo con los reclusos, incluyendo a algunos menores de edad que se mantienen en prisión; sin embargo, tuvieron conocimiento de esta situación a través de las comunidades aledañas a las cárceles, desde donde les reportan gran movimiento de patrullas durante las últimas horas, generándoles mayor preocupación a quienes están conscientes de los tres prisioneros muertos en custodia del régimen desde el pasado 28jul.
“Nos dejan parados en la puerta, nadie da información, entran y salen camionetas, pero no sabemos lo que está pasando…Es terrible escuchar los gritos de nuestros familiares pidiendo libertad y justicia, cantando el himno nacional” relató Mildred Martínez a las afueras del Ministerio Público a la espera de una fe de vida de su esposo detenidos en la cárcel Rodeo I ubicada en el estado Miranda.
Cifra de muertos en custodia pudiera ser superior a la reconocida por el régimen
Madres, hermanos e hijos de los cientos de detenidos en el contexto postelectoral, se dirigieron esta semana al Ministerio Publico en el centro de Caracas donde se encuentra la oficina principal de Tarek William Saab, para consignar las pruebas de inocencia solicitadas por el fiscal general del régimen que en reiteradas oportunidades se ha referido a los reclusos como “terroristas”, misma autoridad que reconoció que tres personas han fallecido en prisión por presuntas complicaciones de salud.
“Fíjense los casos de los presos postelectorales, ya han sucedido tres muertes y esta palabra ‘asesinos’ que gritan nuestros familiares tiene un significado bien importante, ¿por qué ellos están diciendo esta frase, qué está pasando allá adentro” comentó con lágrimas en los ojos Yovanka Ávila, hermana de uno de los jóvenes detenidos en la misma cárcel Rodeo I tras las protestas originadas los días 29 y 30 de julio cuando se anunció a Nicolás Maduro como “ganador” de la elección presidencial.
“Le pido con la mano en el corazón busque conocer del amor de Dios y pídale perdón por todo el daño que nos ha hecho, ¿cómo pretenden usted y sus camaradas ser amados por el pueblo si nos torturan, nos maltratan y asesinan a nuestros seres queridos desde hace más de 25 años? … ¿Quieren ver a los verdaderos terroristas? Mírense en un espejo, las manos las tienen llenas de sangre del pueblo venezolano” reza parte de un extracto de una carta leída a las afueras de la oficina del fiscal general, que no dio la cara a los familiares de los detenidos.
Los familiares también son víctimas de persecución y amedrentamiento
La mayoría de estos familiares también afirman ser víctimas de la persecución del régimen, puesto que son amenazados vía llamadas telefónicas para que no sigan continúan denunciando la realidad que se vive dentro de las cárceles del país, de lo contrario son advertidos que sus seres queridos pudieran sufrir las consecuencias en prisión.
“No vamos a dejar de denunciar y que se mueran nuestros familiares en las cárceles, más miedo nos da tener que sacarlos muertos y enterrarlos en el cementerio que a ellos les da la gana, seguiremos defendiendo la verdad que hoy nos asiste” comentó Diego Casanova, las inmediaciones de la fiscalía en la Plaza de Parque Carabobo, lugar donde los familiares son asediados y fotografiados constantemente por cuerpos de seguridad del régimen.
Importante destacar que durante el último mes, al menos dos activistas y defensores de derechos humanos han sido citados a declarar ante la División contra Terrorismo del CICPC en Caracas, por denunciar las violaciones cometidas por los organismos de seguridad dentro de las cárceles, un patrón de intimidación que ha sido identificado por los abogados como un nuevo capítulo de la criminalización de la denuncia en Venezuela.
