Sin separación e independencia de poderes y sin estado de derecho, Bolivia es considerada la “dictadura invisible” de la región. El gobierno de Luis Arce sigue siendo tratado como una democracia, aun cuando aplica el mismo guion de terrorismo electoral de Maduro en Venezuela.

La Bolivia en que detentan el poder Luis Arce y su predecesor, Evo Morales, se gobierna con una constitución que ha creado el denominado estado plurinacional, impuesto con señalamientos de falsificaciones, crímenes y masacres certificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En este sentido, sectores democráticos del país andino afirman que con la República también ha desaparecido la igualdad de los ciudadanos y el voto universal.

En Bolivia se realizan elecciones, pero con un padrón electoral manipulado, sin jueces imparciales, con presos y exiliados políticos, y con una oposición funcional, tal como sucede en Venezuela.

Terrorismo electoral al estilo Venezuela

El 17 de agosto se llevará a cabo la primera vuelta de los comicios presidenciales en Bolivia, con un padrón electoral adulterado como sucedió en 2019 cuando se perpetró un fraude que llevó a Evo Morales nuevamente al poder como candidato del MAS, hoy dividido.

Según organizaciones independientes existen más de 300 presos políticos y al menos 10.200 solicitudes de asilo en 29 países. Entre esta alarmante cifra de presos políticos se encuentra la expresidenta Jeanine Añez y varios miembros de su gobierno que configuran el terrorismo electoral al que la izquierda tiene sometida a Bolivia.

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Además, el gobierno de izquierda construye y sostiene la denominada “oposición funcional”, formada por partidos políticos que simulan ser contrarios al MAS para dar una apariencia democrática, pero al final, son parte del régimen porque participan de la corrupción y de la impunidad simulando legalidad en órganos legislativos y avalando violaciones de derechos humanos.

Sistema judicial corrupto y al servicio del régimen

Fiscales y jueces son instrumentos del partido de gobierno en este ecosistema de terrorismo electoral, en el que aplican la misma metodología usada en Cuba, Venezuela y Nicaragua, procesar, encarcelar y sentenciar a inocentes, forzándolos en muchos casos, a admitir delitos que no han cometido para obtener sentencias “leves”.

En Bolivia, con un sistema de jueces de “elección popular”, la justicia está sometida a intereses políticos y cocaleros y la mayor parte de los presos políticos es producto de los regímenes de Evo Morales y Luis Arce, quienes hoy día se adversan, pero pertenecen al mismo partido, con los mismos intereses.

Por el supuesto golpe de Estado escenificado el 26 de junio de 2024, Bolivia tuvo más presos y perseguidos políticos, pero ahora en proceso electoral se vuelve a utilizar el caso con un video documental para inculpar a más gente, entre los que destacan analistas políticos y el candidato independiente a la presidencia Jaime Dunn.

La expresidenta Jeanine Añez es presa política desde el año 2021 y ha sido condenada a 10 años de prisión. Su principal delito fue haber sido la defensa de la libertad y enfrentar con coraje al régimen cocalero de Evo Morales.

Un aliado estratégico de Rusia e Irán, como Venezuela

Bolivia respalda a Rusia en la invasión a Ucrania, adeuda indeterminadas sumas de dinero a China y es consideraba la “base de Irán” en la región por su concentración de personal militar y equipos para organizar expediciones o campañas, y, por ende, ha roto relaciones con Israel tomando parte en este conflicto bélico en el medio oriente, tal como lo hace Maduro en Venezuela.

Bolivia en democracia no tenía relaciones con Irán, pero algunos le atribuyen esta alianza a Cuba, pero fue Evo Morales quien las inició formalmente en 2007. Desde entonces, Bolivia es objeto de penetración religiosa, cultural, económica y militar por parte del régimen iraní, que incluye el fortalecimiento de las redes de Hezbolá.

Por eso, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia son consideradas dictaduras electoralistas en las que el pueblo vota, pero no elige, porque realizan elecciones pero sin libertad, sin Estado de derecho, sin separación ni independencia de poderes, sin libre organización política, con perseguidos, presos y exiliados políticos.