La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció este lunes que cerrará su oficina en Caracas por la falta de “progreso real” con las autoridades venezolanas en materia de complementariedad. Una decisión que no es del todo negativa según algunos especialistas, quienes alegan que la instancia resultó en oxígeno para Maduro.
Esta oficina instalada en 2024 “fue un experimento condenado al fracaso”, así lo explica el profesor Robert Carmona-Borjas, abogado y defensor de derechos humanos en una entrevista realizada por el medio La Patilla
. Esto, con base a la falta de voluntad por parte del régimen venezolano en cumplir con el principio de complementariedad establecido en el Estatuto de Roma.
La CPI no vio progreso en cuestión y ha decidido marcharse. Nunca hubo avances significativos o visibles en el fortalecimiento de las capacidades del sistema de justicia venezolano para procesar y castigar a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad.
“La activación de este equipo técnico en Venezuela coincide con el tiempo de mayor represión política en el país, entonces el resultado no es otro que un fracaso”, comentó para Dossier Venezuela el periodista, abogado y actual coordinador de la ONG Provea, Oscar Murillo.
¿La Corte Penal o Karim Khan?
Es importante recordar que esta oficina fue iniciativa del fiscal Karim Khan, apartado de la investigación sobre Venezuela, pero arquitecto principal de esta política de complementariedad con el régimen que resultó en oxígeno para Maduro. Sin embargo, hoy, la propia Fiscalía (CPI) reconoce lo que las víctimas sabían desde el primer día: no hubo, ni podía haber complementariedad auténtica en Venezuela.
“Esto fue una iniciativa muy personal del Fiscal Khan, que ya no está al frente de la investigación, pero pretendió que ésta continuara en paralelo con un espacio de cooperación y colaboración con esta oficina para tratar de construir un mecanismo para la reducción de la impunidad en Venezuela” puntualiza Murillo, insistiendo en el fracaso de la misma.
Por su parte Robert Carmona-Borjas en la misma entrevista, señala que el aparato judicial de Venezuela no era un socio posible para la CPI, porque sencillamente “es parte del problema”: Es el instrumento represivo del régimen de Maduro, que durante este periodo se encargó de decorar el expediente con reformas cosméticas o procesos contra subalternos; pero nunca condenó a los verdaderos responsables, a la cadena de mando.
Y en efecto, desde la instalación de esa oficina hace poco más de un año, nunca se desmontó la política de persecución, de tortura y de encarcelamiento contra disidentes y opositores. Por el contrario, durante este periodo Nicolás Maduro prolongó su permanencia en el poder, manipuló procesos electorales y perfeccionó sus aparatos de tortura.
La investigación continúa
El cierre de esta oficina técnica con sede en las oficinas de las Naciones Unidas en Caracas, no implica que la investigación sobre crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen, se vaya a detener. Dicha investigación seguirá su curso de manera “activa y centrada” según señaló durante el anuncio el propio fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang.
De esta manera se desmonta la tesis que durante años sostuvo parte de la opinión pública, que la presencia física de la Fiscalía en Caracas aceleraría la justicia, fomentaría investigaciones internas y acercaría la CPI a las víctimas.
En la práctica, la instalación de esta oficina además de resultar en oxígeno para Maduro, se tradujo en un despliegue de recursos y visitas oficiales que nunca terminaron en órdenes de arresto o en imputaciones concretas contra la cadena de mando responsable de los crímenes.
Y, en reciprocidad con el anuncio, la Asamblea Nacional controlada por el régimen de Maduro, 24 horas después aprobó en primera discusión la “derogatoria de ley aprobatoria del Estatuto de Roma de la CPI”, una acción que no exonera al Estado de las obligaciones establecidas en dicho instrumento y tampoco obstaculiza o suspende la investigación en curso según la ONG Acceso a la Justicia.
