El uso del sistema judicial para perseguir a opositores políticos es una práctica que se ha denunciado en varios países con gobiernos socialistas, como Venezuela y Bolivia. Ambas naciones, a pesar de sus diferencias, comparten patrones de abuso de poder, criminalización de la política y una preocupante falta de independencia judicial.
El debate se centra en si la justicia opera de manera autónoma o si se ha convertido en una extensión del poder ejecutivo para silenciar la disidencia.
El caso Jeanine Áñez: El rostro de la criminalización
El ejemplo más claro de la criminalización de la política en Bolivia es el de la expresidenta Jeanine Áñez. El gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) la acusa de haber llegado al poder a través de un «golpe de Estado» en 2019. Por el contrario, Áñez y sus defensores sostienen que su asunción fue constitucional y que está siendo víctima de una persecución política.
Los partidarios y los organismos internacionales ven la condena de 10 años de prisión y los múltiples procesos judiciales en su contra como un evidente caso de criminalización de la política. Este patrón de persecución ha llevado a muchos exministros y líderes de la oposición a pedir asilo o refugio fuera del país para evitar la cárcel.
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Evo Morales: de perseguidor a perseguido
En un giro irónico, Evo Morales, tras años de manipular el poder judicial, ahora denuncia ser una víctima de persecución. A raíz de su ruptura con el presidente Luis Arce, se reabrieron las investigaciones en su contra. El afirma que esto es una estrategia para inhabilitarlo como candidato presidencial en 2025.
Esta situación subraya una de las críticas más fuertes a la judicialización de la política. a herramienta legal que se usa para perseguir a los oponentes puede volverse contra quienes la crearon.
Similitudes entre Venezuela y Bolivia en la crminalización de la política
Aunque los contextos políticos son distintos, organizaciones de defensa de los derechos humanos han señalado importantes similitudes en el uso de la justicia en ambos países:
- Los gobiernos usan el sistema judicial como un arma política: Utilizan el derecho para legitimar la persecución y eliminar a sus rivales políticos.
- Falta de independencia judicial: El poder judicial no actúa de manera autónoma, sino que responde a los intereses del gobierno.
- Ataques a la disidencia: Políticos, periodistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos enfrentan cargos como «incitación al odio» o «traición a la patria» para silenciar las voces críticas.
Esta práctica demuestra que en el socialismo, la justicia a menudo se sacrifica en aras del control político, resultando en la persecución y el silencio de cualquier tipo de oposición.
