El estado de las Fuerzas Armadas venezolanas es una de las variables que más se mantiene en cocción dentro del proceso de transición tutelada que vive Venezuela desde el 3 de enero. Aunque el debate público se concentra en el petróleo, la reconstrucción posterremotos y el rescate del poder electoral y judicial, lo que ocurre en los cuarteles dice tanto sobre el futuro del país como cualquier mesa de negociación.
En julio de 2026, la dictadora Delcy Rodríguez ordenó el pase a retiro de 110 altos oficiales de la Fuerza Armada. El argumento oficial fue que habían completado más de 30 años de servicio a la nación. El motivo real va más allá: blindarse de lealtad ante cualquier evento futuro que ponga en peligro a los hermanos Rodríguez. Nicolás Maduro aplicó la misma fórmula y claramente no le funcionó. La diferencia es que Delcy cuenta con algo que Maduro no tenía: el tutelaje de Estados Unidos.
Una institución construida sobre la corrupción
Desde 2013, Venezuela ha ocupado constantemente el último lugar en América Latina en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, y se mantiene entre los tres países más corruptos del mundo. Esta situación tocó profundamente al sector castrense. Transparencia Venezuela, InSight Crime, el Organized Crime and Corruption Reporting Project y la prensa especializada han documentado el desvío de fondos públicos, el control de redes de importación, los vínculos con el narcotráfico, la guerrilla colombiana, el contrabando y otras economías ilícitas.
Esta situación no fue un error: fue un diseño deliberado del chavismo.
Venezuela sale reprobada en todos los estándares de Transparencia Internacional en el sector defensa: ausencia total de control civil democrático sobre el militar, opacidad en las contrataciones y adquisiciones, falta de controles en zonas fronterizas y mineras, y ascensos, salarios y asignaciones que no responden a la meritocracia sino a la lealtad política.
Los terremotos del 24 de junio lo confirmaron con datos concretos: al tercer día de la catástrofe, el Rodrigato había desplegado apenas el 34,5% de sus más de 31.000 efectivos. En una situación similar, Chile desplegó el 71% de sus tropas en el mismo lapso, y lo hizo en un territorio más pequeño y con distancias geográficas más complicadas.
La encuestadora Delphos ya había publicado a principios de junio que las Fuerzas Armadas eran una de las instituciones con menos confianza entre los venezolanos: solo el 26,5%, una cifra que contrasta brutalmente con el 70% de apoyo que tenían hace 25 años.
El recorrido histórico de una institución destruida desde adentro
Aunque el régimen de Maduro utilizó al Sebin, la Dgcim y las policías nacionales como principales ejecutores de la represión, en los primeros años de su dictadura el uso de las Fuerzas Armadas fue esencial. Para 2017 y 2018, cuando los militares comenzaron a resistir esas dinámicas, el régimen los fue sacando de la primera línea, aunque las cúpulas nunca dejaron de cometer crímenes de lesa humanidad.
El problema viene de más atrás, Hugo Chávez comprendió desde el inicio que la institución castrense debía ser moldeada a la medida de sus objetivos. Aunque el referéndum constitucional de 2007 le negó la reforma que quería, que buscaba eliminar el carácter «esencialmente profesional» de la Fuerza Armada para convertirla en «patriótica, popular y antiimperialista», eso no lo detuvo, las purgas selectivas y los criterios de lealtad política se intensificaron. Diecinueve años después, la Fuerza Armada como institución, desde su perspectiva profesional, dejó de existir, destruida irónicamente desde su propio alto mando.
El exministro Vladimir Padrino López y los hermanos Hernández Lárez son ejemplos de cómo los militares fueron involucrados en dinámicas ajenas a su misión constitucional, lo que no solo debilitó la moral interna sino que convirtió a la institución en un actor políticamente instrumentalizado. La evidencia más reciente de esa crisis de legitimidad fue el año 2024: el Plan República debía garantizar la transparencia electoral y terminó protegiendo el fraude. El golpe más duro llegó el 3 de enero, cuando agentes de inteligencia y seguridad de Estados Unidos ingresaron a Venezuela y capturaron al dictador, desnudando que la Fuerza Armada estaba construida sobre cimientos represivos, no sobre la protección de la soberanía.
El general de brigada Guaicaipuro Lameda Montero lo expresó con claridad en una entrevista con Sebastiana Barráez: «La Fuerza Armada solo existe porque la República la necesita. Su misión no es proteger gobiernos, ideologías o proyectos personales, sino garantizar la soberanía nacional, defender la integridad territorial y proteger a los ciudadanos». Nada de eso ha sucedido en los últimos 20 años.
Dos corrientes con distintos objetivos
Desde el 3 de enero, la reforma militar ha avanzado con dos intereses que caminan juntos pero apuntan a destinos diferentes.
El primero es el tutelaje estadounidense, periodistas y analistas han reportado que funcionarios del gobierno de Trump ingresaron a Fuerte Tiuna con el objetivo de arrancar de raíz la ideología chavista de las aulas militares, revisar los entrenamientos, la estructura y el pensum de la escuela castrense. Los gritos revolucionarios han sido eliminados en la rutina diaria. Ex integrantes de las Fuerzas Armadas señalaron que desde marzo el tutelaje lleva dos meses enfocado en eliminar la narrativa de que Estados Unidos quería apoderarse de los recursos venezolanos o de que Maduro era un rehén. Estos cambios comunicacionales han sido posibles en parte porque la base militar está profundamente desmotivada por los sueldos y la situación laboral paupérrima.
La salida de Vladimir Padrino como ministro de Defensa fue el primer borrón del régimen de Maduro luego de su captura. En su lugar fue designado Gustavo González López, uno de los militares más asociados a la persecución, represión, tortura y malos tratos contra la ciudadanía. Paradójico, pero analistas señalan que para desmantelar un sistema tan infame se necesita de alguien que lo conozca o haya contribuido a construirlo.
El nombramiento del mayor general Rubén Darío Belzares Escobar al frente del Ceofanb durante la última semana de julio muestra el seguimiento del rodrigato a lo dictado por el tutelaje. Belzares tiene un perfil institucional impecable, especialista en blindados y caballería, sin sanciones de la OFAC ni de la Unión Europea, y sin historial de denuncias vinculadas a represión o crímenes de lesa humanidad. Es descrito por quienes lo conocen como un comandante estricto, disciplinado y apegado a la rigurosidad reglamentaria.
El segundo objetivo: blindarse
El rodrigato no está haciendo esto de forma desinteresada, el retiro de los 110 oficiales incluye 42 del Ejército, 30 de la Guardia Nacional, 20 de la Armada y 18 de la Aviación, y coincide con la indignación ciudadana por la respuesta militar ante el terremoto. Al mismo tiempo, Delcy Rodríguez realizó un ascenso anticipado de 195 oficiales de las Fuerzas Armadas, pese a que las promociones tenían fecha de antigüedad del 1 de enero de 2027. El régimen justificó la medida con «necesidades del servicio», pero fuentes citadas por Sebastiana Barráez e Infobae señalan que el objetivo real es asegurar la lealtad de mandos clave ante un cuadro político y social cada vez más delicado.
También habría una apuesta de Delcy en caso de que Trump pierda las elecciones intermedias de noviembre: sin mayoría en el Congreso, las posibilidades de una segunda operación de fuerza militar en Venezuela disminuyen considerablemente.
Para hoy ya no existe ningún militar que controle regiones estratégicas de defensa integral y sea leal a Maduro, pero estos ascensos profundizan la macrocefalia militar que el chavismo instaló desde la era de Chávez y que Maduro intensificó: más niveles de aprobación, decisiones estratégicas retrasadas, conflictos de autoridad entre mandos y altos oficiales que absorben recursos críticos que deberían destinarse a equipamiento, tecnología y entrenamiento de la tropa.
Entre los ascendidos a coroneles de la Guardia Nacional hay perfiles que no pasan desapercibidos, Néstor Neptalí Blanco Hurtado, vinculado directamente con el aparato de contrainteligencia de la dictadura, señalado por víctimas de tortura, uso excesivo de la fuerza y violaciones sistemáticas de derechos humanos, está sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea, y coordinó con Alexander Granko Arteaga.
Su ascenso dice todo sobre los límites reales de esta reforma.
