Los excesos cometidos por el régimen hasta el tres de enero, cuando fue capturado Nicolás Maduro, han sido reconocidos por quienes hoy promueven la ley de amnistía como un mecanismo de perdón. Estos “abusos” en la aplicación de la ley contra el odio y la ley Simón Bolívar, llevaron a la cárcel a cientos de venezolanos y extranjeros por causas inauditas que dejaron una huella de terror imborrable.
Luego de la elección presidencial del 28 de julio de 2024, la cifra de presos políticos aumentó exponencialmente a niveles nunca antes vistos en Latinoamérica en un corto periodo. Más de 2.500 personas terminaron tras las rejas por entre otros derechos, informar; pero, también por un estado de WhatsApp, jugar a un videojuego, estampar una franela o practicar un deporte.
La detención de Luis Landázuri León, es uno de los tantos casos inauditos en los que el régimen cometió los “excesos” a los que se refiere, por ejemplo, Jorge Rodríguez. Un ciudadano ecuatoriano detenido por el SEBIN (La policía política del régimen) el 25 de septiembre de 2024 por tener en su teléfono celular una fotografía con una pistola de paintball, una práctica deportiva.
A este ciudadano extranjero que estaba de visita en el país, se le acusó de terrorismo por supuestamente venderle armamento a grupos delictivos para atacar al Estado, y de recibir financiamiento por parte del reconocido mercenario norteamericano Erik Prince. León, aún se encuentra detenido en Zona 7, Boleita, Caracas.
Una costosa amnistía, y sin reparación
Como si no fuese suficiente la humillación a la que están siendo sometidos quienes esperan ser amnistiados, se pudo conocer que funcionarios públicos encargados de recibir las planillas con estas solicitudes estarían cobrando y pidiendo “colaboraciones” para agilizar los trámites, incluyendo la impresión de la planilla.
Familiares de presos políticos informaron a diversas ONG’s que los Tribunales primero, segundo y tercero en funciones de juicio con competencia en casos vinculados a delitos asociados al terrorismo, es desde donde estarían exigiendo a los solicitantes, resmas de papel, cajas de bolígrafos y pagos en dólares en efectivo como condición para notificarles y entregarles copia de la decisión que les otorga la libertad plena.
El parlamento, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad una Ley de Amnistía para “perdonar” a los presos políticos desde 1999 hasta 2026, pero, que se aplicará de forma específica a 13 hechos ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.
En su balance más reciente, Jorge Rodríguez, ahora número dos del régimen, aseguró que se ha otorgado libertades plenas a un total de 7.365 personas en el marco de la cuestionada ley; la gran mayoría de ellas, con medidas cautelares.
Por su parte la ONG Foro Penal, cifró en más reciente balance un total de 526 presos políticos tras las últimas excarcelaciones realizadas en medio de un proceso de liberaciones que arrancó en enero. Entre estos más de 500 detenidos, hay 49 personas con nacionalidad extranjera y 173 militares.
