“Apreciado amigo António Guterres…” así comienza la segunda carta enviada por Nicolás Maduro al Secretario General de la ONU, en donde le suplica instar al Presidente Donald Trump a poner fin al cerco militar de los EE.UU. a través del Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato en el mar caribe, una operación calificada por el régimen como “gravísima”.
La acción claramente desesperada de Nicolás Maduro estuvo acompañada previamente a una primera carta enviada 48 horas antes al organismo multilateral pidiendo apoyo ante “las amenazas” de Estados Unidos, un acto que evidencia la inquietud del régimen venezolano por el despliegue de unidades militares “e incluso nucleares” en el Caribe.
También el ministro de exteriores de Maduro, Yván Gil, sostuvo una reunión con el coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, a quien le expresó su preocupación por las pretensiones de EE.UU. en “usar todo su poder” para frenar el flujo de drogas hacia Norteamérica.
Por su parte, Samuel Moncada, embajador venezolano ante la ONU, se reunió con Guterres como parte de las acciones del madurismo durante una misma semana que intentan bajar la presión de los últimos días y que prácticamente no había nunca experimentado el régimen pese a las históricas tensas relaciones del chavismo con los Estados Unidos.
Maduro se refugia en el enemigo
El clamor de Nicolás Maduro a una intermediación de la ONU ante este cerco militar de los EE.UU. ha sido sorpresivo para la mayoría, puesto que voceros del propio régimen venezolano en el pasado reciente han puesto en duda de las acciones del organismo multilateral en materia de derechos humanos.
Tanto Diosdado Cabello como Jorge Rodríguez, fichas de poder dentro del régimen, han señalado en reiteradas oportunidades que la ONU es una instancia al servicio de los intereses de los Estados Unidos, acusando específicamente a Volker Türk, Alto Comisionado del organismo para los DD.HH. de ser un “arrodillado de los gringos”.
Estas reacciones ofensivas del régimen se han originado a raíz de varios informes de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU en Venezuela durante los últimos años, que ha cuestionado las detenciones arbitrarias, hostigamiento, desapariciones forzadas y cierre del espacio cívico en el país.
Informes que motivaron al régimen a expulsar a la oficina en cuestión, en febrero de 2024, por considerar las acusaciones como una agresión diplomática e injerencista contra la soberanía y el sistema de justicia venezolano.
Sin embargo, meses después, se acordó reanudar la cooperación con esta oficina en virtud de una Carta de Entendimiento firmada entre ambas partes, y que dio pie a que otros funcionarios vinculados al régimen le pidieran a la ONU la intermediación para el retorno de migrantes venezolanos detenidos en El Salvador, por lo que no es la primera vez que el chavismo tiene posiciones encontradas en cuanto a la ONU.
El chavismo manipula informe de drogas de la ONU
Según lo expuesto, el régimen de Maduro se ha refugiado en la ONU cuando le conviene. Así ha quedado evidenciado con el Informe Mundial sobre Drogas 2025 elaborado por ese organismo, y en donde descartan a Venezuela como país productor o corredor central de narcotráfico.
Sin embargo, diversas fuentes afirman que la ONU ha determinado este elemento con base a información suministrada únicamente por el propio Estado venezolano y sin investigación independiente.
“Esos informes de la ONU se hacen con información de los mismos gobiernos. La veracidad de esos informes depende de la transparencia de la información de cada país que aporta sus datos (…) Bajo esa metodología en Venezuela tampoco hay corruptos”, explicó para el medio El Pitazo Carlos Paparoni, abogado y exdiputado de la Asamblea Nacional de 2015.
De esta forma voceros de chavismo han recurrido a este informe para contrarrestar las acusaciones contra Venezuela de ser un narco estado, una de las razones del cerco militar de los EE.UU., y por las que trasladó al grupo anfibio de despliegue inmediato al Mar Caribe.
Por lo que ha quedado determinado que este informe se elaboró exclusivamente con información suministrada por la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad), conocida anteriormente como la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), un ente adscrito al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, que dirige Diosdado Cabello.
