La reciente muerte del oficial de policía Edison Torres Fernández, ocurrida el pasado 10 de enero en el centro de detención de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, conocido como “Zona 7”, ha desatado una ola de indignación nacional e internacional.
Este suceso ocurre en un momento crítico para el país. Mientras la administración de Delcy Rodríguez intenta proyectar una imagen de normalización política tras la detención de Nicolás Maduro.
El fallecimiento de Torres, quien servía en la policía del estado Portuguesa, reabre el debate sobre la integridad física de los de presos políticos venezolanos.
Un mensaje de WhatsApp: El inicio de la tragedia de Edison Torres
La persecución contra el oficial Edison Torres Fernández comenzó el 9 de diciembre de 2025. Funcionarios de seguridad lo detuvieron por expresar críticas hacia la gestión del gobernador de Portuguesa, Primitivo Cedeño, a través de grupos de mensajería privada.
El sistema judicial, bajo una estructura de control estricto, le imputó cargos de «traición a la patria» y «asociación para delinquir». Estos delitos frecuentemente utilizados para criminalizar la disidencia interna dentro de las fuerzas de seguridad. Sus familiares denuncian que Torres sufrió un deterioro acelerado de su salud debido a las condiciones inhumanas.
El Ministerio Público confirmó que el oficial falleció a causa de un evento cerebrovascular y complicaciones cardíacas. Durante sus últimas semanas de vida, los abogados defensores solicitaron reiteradamente traslados a centros asistenciales, pero las autoridades de custodia ignoraron estas peticiones.
Este caso subraya la vulnerabilidad de los funcionarios públicos. Al manifestar descontento por la crisis económica y social, terminan convirtiéndose en objetivos políticos de un sistema que aún mantiene prácticas represivas heredadas del madurismo.
La muerte de Torres eleva a 26 la cifra de presos políticos fallecidos bajo custodia del Estado desde 2014. Las ONG lo califican como «una ejecución silenciosa». La ausencia de atención médica oportuna funciona, según expertos legales, como una forma de tortura que acelera el desenlace fatal en pacientes con patologías previas.
Mientras la capital venezolana vive un ambiente de tensa calma, el cuerpo de Torres regresa a su natal Portuguesa. Convertido en un símbolo de las víctimas que no llegaron a ver el inicio de la transición democrática.
El dilema de Delcy Rodríguez ante la presión internacional de 2026
Delcy Rodríguez, quien actualmente encabeza la estructura de mando, enfrenta una presión sin precedentes por parte de la comunidad internacional y Donald Trump.
Aunque el gobierno ha iniciado una serie de liberaciones selectivas para ganar reconocimiento, la muerte de Torres empaña cualquier intento de lavado de cara diplomático. La comunidad internacional exige que las excarcelaciones no sean cuotas políticas, sino un acto de justicia para aquellos cuya salud corre riesgo inminente.
Analistas políticos señalan que el chavismo intenta navegar este periodo de incertidumbre utilizando a los presos políticos como fichas de negociación. Sin embargo, la muerte de un oficial de policía por razones políticas envía un mensaje contradictorio.
Emergencia médica en los calabozos: La lista de la espera mortal
El caso de Edison Torres es solo el síntoma más visible de una crisis que afecta a más de 90 presos políticos con diagnósticos de salud críticos. Entre ellos destacan casos de cáncer avanzado, insuficiencia renal y cardiopatías que no reciben tratamiento especializado dentro de las cárceles de «El Helicoide» o «Yare».
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón ha documentado que el 30% de los detenidos políticos actuales padece afecciones crónicas derivadas de los malos tratos y la dieta deficiente impuesta en los centros de reclusión.
Figuras como Enrique Parada y otros detenidos con tumores diagnosticados representan la urgencia de una medida humanitaria generalizada que el sistema judicial se niega a implementar de forma masiva.
La sociedad civil venezolana y los familiares de los detenidos han convocado a nuevas vigilias frente a las sedes de los organismos de justicia para exigir «Fe de Vida». La consigna es clara: «No más muertes en prisión». Con la mirada del mundo puesta en el desenlace de la crisis venezolana, la salud de los presos políticos se ha convertido en el termómetro que medirá la verdadera voluntad de cambio de quienes hoy ostentan el poder en Caracas.
Aumenta la cifra de muertes en el centro de torturas más grande de Latinoamérica: El Helicoide
