Desde 2016 el régimen de Nicolás Maduro allanó numerosas minas ilegales de oro en el sur del país, supuestamente para proteger el medio ambiente. Pero lo cierto es que la explotación del Arco Minero del Orinoco los enriquece con oro manchado con sangre venezolana.
#EspecialDossier || 🩸 Oro manchado con sangre venezolana
— Dossier Venezuela (@DossierVzla) September 12, 2025
Desde 2016, el régimen de Maduro convirtió el Arco Minero del Orinoco en su nueva fuente de riqueza ilícita. Bajo la fachada de “proteger el ambiente”, lo que realmente hacen es lavar miles de millones en oro manchado con… pic.twitter.com/O8lVWeQP42
La minería ilegal en los estados Bolívar y Amazonas, genera vastas riquezas para grupos armados y criminales que utilizan la violencia para controlar territorios rurales, y, en consecuencia, a las personas que ahí habitan. Todo esto permitido por el régimen chavista a cambio de una parte de las ganancias.
Aunque el ejército venezolano dice buscar erradicar la minería ilegal, pactos informales entre los militares y las guerrillas colombianas han permitido a éstas seguir operando las minas; mientras que las organizaciones criminales venezolanas se han adentrado más en la selva buscando el preciado oro.
Pero no fue sino hasta 2022 cuando el régimen desplegó tropas en la región con argumentos “ambientales”. Sin embargo, las fuerzas armadas han utilizado estas operaciones para reconfigurar el reparto de poder en las minas y apropiarse de los recursos, o exigir pagos para permitir la explotación.
En este sentido, la campaña del régimen contra la minería ilegal funciona como una fachada. Tras ella, las fuerzas armadas y grupos armados, tanto nacionales como extranjeros, se apropian de los recursos y sostienen sus alianzas.
Un arco minero de corrupción
El marco legal con el que el madurismo revistió a esta zona fue con el Arco Minero del Orinoco, que en 2016 buscó atraer inversiones extranjeras frente a la caída de los ingresos petroleros.
Sin embargo, la opacidad contractual, la ausencia de datos oficiales y la participación de empresas vinculadas a militares, han alimentado la corrupción y el lavado de oro manchado con sangre venezolana.
Un estudio de la ONG Transparencia Internacional, señala que aproximadamente el 30% de la producción de oro queda en manos del crimen organizado, y solo una cuarta parte llega al Banco Central de Venezuela.
Según fuentes independientes la minería ilegal en 2023 abarcaba 140.000 hectáreas de territorio, un aumento de 59.000 hectáreas con respecto a 2018, ubicando a Venezuela con más del 30% de los sitios de minería ilegal en la cuenca amazónica.
Gran parte del oro sale de Venezuela mediante contrabando, e ingresa al oro nacional de países “de tránsito” a través de maniobras de lavado, tal es el caso de Colombia, Guyana y Brasil, para luego ser vendido a empresas en Estados Unidos, Canadá, y la Unión Europea.
Así es como se reparten “la cochina”
El aumento del precio del oro ha impulsado una minería ilegal descontrolada, fortaleciendo a las bandas criminales venezolanas, a los grupos guerrilleros colombianos y élites corruptas dentro del régimen madurista.
Según fuentes extraoficiales, más de $2.000 millones es la cantidad que la élite política y sus “aliados” obtuvieron por la producción de oro en Venezuela durante 2023, una de las estrategias de la cúpula de poder para captar rentas ilícitas ante el desplome de la industria petrolera. De esta cantidad, solo una mínima parte llega al Tesoro Nacional.
En el informe Explotación de oro en Venezuela 2024: devastación, caos y corrupción Transparencia Venezuela presentó una actualización de cómo en esta actividad económica se profundizó y perfeccionó los mecanismos de corrupción, dejando casi de lado el contrabando con pistas clandestinas y otras estrategias.
De esta manera desde 2020 se comenzó a implementar las llamadas “alianzas estratégicas”, que no son más que acuerdos discrecionales entre un ente del Estado y personas naturales o jurídicas para desviar los ingresos de todos los venezolanos, a manos de actores que aparentan estar ajustados a la legalidad.
En el informe se identificó en el negocio del oro hasta el cierre de 2024, al menos a 72 empresas que forman parte de esas alianzas estratégicas, cuyos dueños son militares y personas cercanas a las élites del poder, algunas de ellas investigadas por corrupción en otros países.
Algunas estimaciones indican que solo el 14% de las ganancias totales entran al patrimonio público como ingresos fiscales y pagos al Banco Central de Venezuela (BCV), mientras que el 66% se queda en manos de las alianzas estratégica, y 20% sería la renta de grupos criminales que siguen a sus anchas en las zonas mineras.
Oro manchado de sangre
A medida que la minería del metal precioso se ha vuelto más rentable, los yacimientos se han vuelto muy codiciados, más aún bajo los efectos del colapso económico y la crisis política. Los mineros artesanales, cuyo número ha aumentado debido a la migración interna, trabajan a merced de quien controle las minas.
Residentes locales han denunciado en reiteradas oportunidades que funcionarios del Estado, guerrilleros y grupos criminales cometen abusos con frecuencia, lo que lleva a este negocio a no solo destruir los ecosistemas, sino también desencadenar una violencia contra la población local y los mineros, quienes terminan siendo víctimas de abusos sexuales, reclutamiento infantil e incluso ejecuciones.
Ver más: OVV: Arco Minero es una variable en la violencia contra niños, niñas y adolescentes
Testimonios que han sido corroborados por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que han documentado que el trabajo infantil forzoso, los asesinatos en masa, las desapariciones y la violencia sexual son fenómenos generalizados en los distritos mineros.
Sin mencionar que la remuneración que ofrece la minería provoca una gran deserción escolar. Algunas escuelas pierden la mitad de sus estudiantes cada año producto de la actividad minera.
“Se detectan formas de explotación laboral y sexual, cuentos como servidumbre doméstica involuntaria, trata laboral, trabajo forzoso infantil, esclavitud sexual, y explotación sexual comercial de niños”, señala su informe de la ONU.
El informe agrega que el trabajo forzoso se impone como castigo y obliga a las personas locales a transportar a otros seres humanos, armas y mercancías bajo amenazas de violencia física en su contra o contra sus familiares.
En 2020, Human Rights Watch documentó cómo los residentes del estado Bolívar sufrieron abusos atroces por parte de grupos armados, incluidas organizaciones criminales conocidas como “sindicatos” y grupos armados colombianos que controlan las minas de oro ilegales, oro manchado con sangre venezolana.
Estos grupos operan, en gran medida, con la autorización, o participación del régimen para mantener el control social. Entre los abusos que siguen produciéndose se incluyen amputaciones, agresiones con armas de fuego y asesinatos.
