Ser un preso político en Venezuela no significa solo estar detenido, también objetos personales, bienes materiales e inmuebles pueden considerarse como tal, una vez que son confiscados o decomisados por los cuerpos policiales. Este es el precio que pagan los inocentes luego de una extorsión a la que se niegan a pagar.
Por ejemplo, desde 2024 han sido al menos cincuenta unidades de transporte público confiscadas o “secuestradas” sólo por prestar servicio a pasajeros que estuvieron en movilizaciones de la oposición durante la campaña electoral presidencial. Desde entonces, algunas fueron básicamente expropiadas y rotuladas con los distintivos de organismos policiales.
“El único delito que se cometió fue trasladar opositores, nosotros como transportistas no le pedimos el carnet al usuario para verificar si es chavista u opositor. Por este simple hecho nos han secuestrado varias unidades”, denunció Marcelo Morett, dirigente gremial de los transportistas desde un estacionamiento ubicado en Las Mayas, Caracas; un lugar muy cercano al Hipódromo, desde donde también se han cometido este tipo de abusos de poder.
Morett precisó que, el modus operandi en la mayoría de los casos reportados, consiste en retener tanto al conductor como a la unidad, sin orden judicial. Sin embargo, el dueño del vehículo suele ser liberado horas después, pero el vehículo no es entregado y tampoco es abierto un expediente en el Ministerio Público, básicamente “desaparece”.
Expropiados y rotulados
Mayra Vivas, paciente oncológico y con un hijo de necesidad especial, fue notificada en el mes de mayo de 2024 por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) de que su unidad de pasajeros tipo encava fue “suspendida” presuntamente por circular fuera de la ruta autorizada.
Sin embargo, según los transportistas consultados para esta investigación, el motivo real de la retención del vehículo fue el haber trasladado a ciudadanos opositores al régimen que encabezaba para entonces Nicolás Maduro.
Luego de dos meses y medio de “suspensión” Mayra fue notificada mediante una boleta firmada por el mismo ente público, que la medida había finalizado, por lo que su unidad de transporte debía ser liberada y puesta en circulación. Dos años después, aún no ha sido devuelta.
Por el contrario, ésta unidad ha sido vista en circulación como si fuera parte de la flota de transporte vehicular de la PNB (Policía Nacional Bolivariana) y con una rotulación a fin a la institución que no solo se ha encargado de reprimir a la disidencia, sino de robar sus pertenencias bajo el amparo de un sistema de justicia corrupto desde los tribunales hasta los jueces y magistrados del TSJ.
Presos y confiscados: sin derecho a réplica
Son cientos de casos, y, la mayoría de estas acciones al margen de la ley, se produjeron previo a las detenciones de las víctimas por no ceder ante la presión de extorsiones por parte de funcionarios policiales.
Miles de familias a quienes les han robado su herramienta de trabajo con la que llevaban el pan al hogar; a las que les ha cambiado la vida para mal, la rutina, el ánimo y la percepción de lo que es justicia.
Ver más: Los excesos cometidos por el régimen que llevaron a la cárcel a cientos de venezolanos y extranjeros
“Ellos querían la cantidad de $5.000 y como no se les pagó, bajaron la cuota a dos mil, pero tampoco se les pagó y lamentablemente le desgraciaron la vida sembrándole municiones de armas de guerra”, denunció Estefanía Cantor, esposa de Yasniel Mujica, comerciante del estado Lara detenido el 26 de febrero de 2024 y condenado a 22 años de cárcel por no ceder ante la extorsión de funcionarios policiales.
“Les quitaron carros, casas, embarcaciones, embargaron sus cuentas bancarias, negocios, panaderías…Llegaban a las casas y lo que conseguían también se lo llevaban”, comentó Carmen Tocuyo, abogada y familiar de un inocente preso correspondiente a una causa en la que 46 personas han sido imputadas por diversos delitos con motivo al siniestro de un avión en el año 2023.
Según diversas organizaciones no gubernamentales, son al menos 5.000 personas inocentes detenidas en procedimientos irregulares que no califican como presos políticos, pero sí son identificados como presos de algún funcionario del Estado.
Denys Custodio, detenido en 2022 tras haber sido acusado de incitación al odio hacia Antonio “El Potro” Álvarez, ministro del régimen chavista y empresario vinculado a la música y al sector hípico en Venezuela.
Denys, era propietario de 35 caballos que le fueron despojados como parte de la componenda de jueces y fiscales que le imputaron 16 años de cárcel por, entre otros delitos, tráfico de personas tras la salida del país de varios jinetes que buscaban un mejor futuro.
