Al menos 11 mil personas encarceladas durante el régimen chavista son las que podrán optar por el beneficio de amnistía aprobado hace poco más de una semana por la ilegítima Asamblea Nacional de mayoría oficialista. Desde entonces, excarcelados por motivos políticos, familiares y abogados, atraviesan un viacrucis de retardo procesal y humillación a las afueras de los tribunales.
Pese a que la cifra de presos políticos en el historial chavista es aún mucho mayor según ONG como Foro Penal, que reporta sólo desde 2014 unas 18.000 personas procesadas por tales motivos; la cantidad a la que hizo referencia el diputado Jorge Rodríguez, son quienes mantienen medidas cautelares o aún están tras las rejas y que pudieran buscar la libertad plena con la cuestionada Ley.
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Antes de ser aprobada en una segunda discusión prorrogada, a pesar de la huelga que emprendieron presos y sus familiares, la Ley de Amnistía no prevé la aplicación automática, por el contrario, la revisión de cada caso deberá ser solicitada ante instancias judiciales, un protocolo que ha resultado humillante para quienes se consideran víctimas de persecución.
El viacrucis en tribunales
El protocolo para solicitar amnistía, somete a las víctimas y familiares a un tipo se “sumisión” ante el sistema de justicia, ya que deben acudir a los mismos tribunales que emitieron las órdenes de captura, a pedir perdón. El flujograma que fue publicado por el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión especial de seguimiento a la Ley, establece como plazo máximo de respuesta, 15 días.
Como primer paso, el posible beneficiado deberá hacer la solicitud personalmente, a través de un abogado privado, o de un defensor público ante el tribunal que lleva la causa, específicamente en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos.
Mismo caso aplicará para quienes se encuentran en el exilio por motivos políticos y no puedan, o no quieran presentarse personalmente, podrán enviar a un apoderado. Luego, en un tiempo no definido, el juez, examinará la causa, verificando que el caso corresponda a uno de los 13 hechos históricos señalados en la Ley que serán amnistiados.
Luego el juez identificará la fase del proceso penal en la que se encuentra el caso, ya sea control, juicio o ejecución. La decisión, en teoría, dependerá de si la víctima ha sido condenada o aún está en proceso de juicio, otorgándosele una sentencia de reemplazo a través de la corte de apelaciones, o el sobreseimiento definitivo de la causa y la extinción de la pena y de la acción penal respectivamente.
¿Dilación o retardo procesal?
Desde que entró en vigencia este protocolo, familiares de presos políticos y abogados denuncian dilaciones en la recepción de solicitudes que han generado largas colas de espera en las afueras de tribunales, un escenario que había sido advertido desde diversas ONG previo a la aprobación de la Ley, por no tratarse de un mecanismo automático.
Ante esta situación, la defensoría pública instaló una taquilla de información y guía en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Caracas, sin embargo, la iniciativa no se mantuvo más allá de 24 horas.
Pero, la no recepción de solicitudes aparentemente fue atendida por el Tribunal Supremo de Justicia, en el marco de una “celeridad” que pidió explícitamente la Presidenta (E) Delcy Rodríguez con base a la presión que recae sobre su régimen desde los hechos del tres de enero cuando fue capturado Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Mientras tanto, más de 200 presos políticos se mantienen en huelga de hambre en protesta por el retardo procesal de una Ley de Amnistía que ha sido calificada como segregativa y discriminatoria, sobre todo, para con los militares, de quienes presuntamente la justicia militar se encargará de evaluar el posible sobreseimiento de sus causas.
