El régimen venezolano estaría preparando la privatización de más de 500 empresas públicas, de las cuales 350 ya estarían listas para ser transferidas a la administración de inversionistas nacionales a través de venta directa o de un mecanismo mixto entre el Estado y un cuestionado capital privado que ha sido vinculado al chavismo para lavarles la cara ante las constantes violaciones de derechos humanos y el fraude electoral perpetrado el pasado 28 de julio.
Según diversas fuentes del sector industrial, el propio Nicolás Maduro les habría comunicado el interés de darles prioridad en esta supuesta venta de empresas bajo un esquema de trabajo coordinado por el principal “testaferro” del régimen y recién designado ministro de Industrias y Producción Nacional Alex Saab, liberado hace un año por los EE. UU; quien trabajará en conjunto a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que afirmó estar en la disposición de involucrarlos en proyectos de producción petrolera y gasífera.
Maduro “reparte la cochina”
A pesar que ya esta privatización de empresas ha sido confirmada por sectores de este gremio que han sido acusados de “cuadrarse” con el régimen, entre los que se encuentra Fedecámaras, quien en el pasado fue un bastión importante en la lucha contra el gobierno autoritario de Hugo Chávez, es poco lo que se sabe en cuanto a los detalles de las negociaciones, como en la mayoría de las acciones financieras del chavismo que lo caracteriza la opacidad informativa.
“Ésta aparente privatización es una repartición de lo que ya es de ellos, pero entre sus propios grupos de amistad… Desangran una nación entera para hacerse millonarios mientras reprimen y van creando todo un régimen de terror para mantener el poder”, afirma el politólogo Walter Molina Galdi, quien compara la medida con las acciones de los altos jerarcas de la Unión Soviética justo antes de caer en los años 90.
Incluso desde Conindustria (Confederación Venezolana de Industriales) aseguran que se tratan de más de 600 empresas en las que Maduro pretende incorporar capital privado, preferiblemente nacional, en un intento de bajar el gasto público del que ya no pueden hacerse cargo ante el quiebre económico por el que atraviesa el régimen que ha visto como la comunidad internacional les cierra cada vez más las vías de financiamiento
“Hay factores que no forman parte de la nomenclatura chavista, pero quieren formar parte del sistema, como Fedecámaras, que no representan al empresariado venezolano, sino a cúpulas que quieren integrar a este sistema que no es democrático, no es transparente ni genera beneficios a la sociedad, sino que se quieren repartir las riquezas entre ellos”, enfatizó Walter Molina Galdi.
¿Preparando la salida?
Si bien hasta el momento se desconoce si estas empresas en negociación son históricamente de administración del Estado venezolano, o si se trata de aquellas que fueron expropiadas y llevadas a la quiebra por el régimen, la medida parece estar enmarcada en el aparente giro económico que tomó Nicolás Maduro hace unos años cuando comenzó a permitir la participación de terceros en la administración y manejo de empresas básicas del país ante la incapacidad gerencial demostrada por el chavismo que ha ocasionado el colapso de los servicios públicos y el desplome de la producción petrolera.
“El Estado venezolano está quebrado, estas empresas van a seguir ese rumbo y simplemente van a generar dinero para unos pocos…Es un régimen profundamente inútil como empresarios, han sido muy buenos para mantener el poder, pero son muy malos para generar progreso y riquezas” dijo Molina Galdi, que a su vez afirma que el madurismo está preparando el camino ante una eventual caída del régimen que les permita mantener sus riquezas invertidas en propiedades privadas.
Mientras tanto los representantes del sector comercial del país ven con buenos ojos esta iniciativa, pero piden mayor celeridad en las negociaciones ante la caída sostenida de la producción nacional y la incapacidad operativa de los pequeños medianos y grandes comercios que no levantaron los números durante 2024 en medio de una incertidumbre por el complejo panorama político electoral.
Sector ve la privatización con escepticismo, ante precedentes engañosos del régimen
“Estamos pidiendo que se avance lo más rápido que se pueda, notamos que a veces se anuncian algunas cosas pero no tenemos la respuesta como debe ser…Esperamos que al menos 350 industrias pasen a ser carga fiscal a ser fuente de tributos” señaló recientemente Gustavo Valecillos, Presidente de Consecomercio (Consejo Nacional de Comercio y Servicios) que aseguró que la mayoría de las empresas en negociación pertenecen al sector de la manufactura.
Desde Consecomercio considera necesaria la reducción de la carga del Estado para a su vez reducir el déficit fiscal y paliar la voraz política tributaria que ha tenido consecuencias en el esquema de sueldos y salarios de los venezolanos, a pesar que Maduro y los mencionados sectores empresariales cómplices del régimen sostienen que el país ha experimentado un crecimiento económico durante los últimos años.
Esta inminente privatización de empresas también ha generado rechazo en ciertos sectores del propio oficialismo que no ven positiva la participación del capital independiente luego de una política de expropiación impulsada por Hugo Chávez; sin embargo, desde una parte importante del gremio empresarial también hay escepticismo por la falta de garantías jurídicas y un panorama no tan claro sobre en qué condiciones se encuentran estas empresas a ser transferidas.
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