(Fuente: El Nacional) Una ola de detenciones se ha desarrollado en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, que se ha puesto de meta perseguir activistas y críticos y en consecuencia recrudece el conflicto político interno.
El pasado viernes fue detenida la activista Rocío San Miguel y no fue hasta el domingo que el fiscal general del Estado, Tarek William Saab, confirmó su aprehensión y la acusó de participar en una supuesta conspiración para atentar contra la vida del presidente venezolano.
Con información de El Nacional
En cambio nunca se dijo su lugar de reclusión.
Este martes la presentaron ante tribunales bajo los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir, pero sin que pudiera comunicarse con su equipo de abogados.
San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, no fue la única detenida en el fin de semana.
Su hija, dos de sus hermanos, su exmarido y otra expareja de San Miguel también fueron detenidos, según denunció el abogado Juan González Taguarico a los medios frente a la sede del Palacio de Justicia de Caracas.
Diversas ONGs venezolanas denuncian que estas detenciones están dentro de un “patrón de persecución política».
Y apuntan que se intensificó en las últimas semanas.
Solo en lo que va de año 36 personas críticas al gobierno fueron detenidas, sin contar las del entorno de San Miguel.
Todo en el marco de un año en el que, aunque aún sin fecha, se espera que se celebren elecciones presidenciales.
Y también en medio de un tira y afloja de acuerdos y conversaciones sostenidas en Barbados entre el gobierno de Maduro y la oposición para que los comicios se celebren de manera libre y justa.
Un escenario que, para los grupos de derechos humanos es, más que de avance, de retrocesos como lo demuestra la inhabilitación de la candidata opositora, María Corina Machado.
Estados Unidos relajó sanciones para luego volver a endurecerlas como reflejo del vaivén político.
El caso de San Miguel: el último atropello del régimen de Maduro
El viernes 9 de febrero San Miguel estaba en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas, cuando la detuvieron. Por ahora se desconoce también por qué organismo de seguridad.
El domingo 11, en horas de la tarde en Venezuela, el fiscal general Saab, denunciado por la oposición como un aliado de Maduro, confirmó la detención de la activista.
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El motivo era que está “presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada Brazalete Blanco, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del Jefe de Estado Nicolas Maduro y otros altos funcionarios”, escribió Saab en su cuenta de X (antes Twitter).
También por su vinculación con el ataque a varias unidades militares en el país.
Saab dijo que el procedimiento era acorde a lo establecido por “la Constitución, las leyes de la República y las normas nacionales e internacionales de protección a los Derechos Humanos”.
San Miguel cuenta con una medida cautelar de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2012.
Precisamente este organismo condenó “la desaparición forzada de la defensora”, calificación que usan al no haber informado de su lugar de detención, y pidió al Estado venezolano “informar sobre su paradero y asegurar el respeto a sus garantías judiciales y presunción de inocencia.”
La Oficina de Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también exigió su “inmediata liberación”.
“En este caso particular el fiscal (Saab) está siendo copartícipe de una desaparición forzosa. Esto no había ocurrido nunca antes”, dice a BBC Mundo Óscar Murillo, director de la ONG Provea.
La operación «Brazalete Blanco»
El caso de Rocío San Miguel se vincula, según las fuentes del gobierno, a la operación “Brazalete Blanco”, una supuesta conspiración perpetrada en Táchira, estado al oeste de Venezuela fronterizo con Colombia.
La primera vez que se escuchó de esta trama fue en enero cuando Nicolás Maduro habló al respecto en su mensaje anual ante la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo.
Dijo que el objetivo era atentar contra su vida, además de contra la del gobernador de Táchira, Freddy Bernal, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.
Luego, tanto el fiscal Saab como Padrino López apuntaron que hubo varias tramas contra el gobierno desde 2023 hasta ahora, por lo que lo consideran una “conspiración continuada”.
También en enero se informó que en la operación “Brazalete Blanco” formaron parte 33 militares, según datos de Defensa.
Además se emitieron varias órdenes de captura, entre ellas, contra Sebastiana Barráez, periodista de la fuente militar, y Tamara Suju, abogada y defensora de Derechos Humanos, aunque ambas están fuera del país.
“El gobierno arreció la represión contra diferentes actores. Ya tenemos 36 detenidos, entre civiles y militares y 22 con orden de aprehensión en lo que va de año”, apunta Murillo.
Eso, señala Murillo, sin contar la detención de San Miguel y su grupo familiar, lo que suma 41 personas.
