Belices Salvador Cubillán, un asistente técnico venezolano, fue detenido arbitrariamente el 9 de enero de 2025 mientras apoyaba al periodista Leandro Palmar en la cobertura de una protesta opositora en Maracaibo, estado Zulia. Su arresto, junto con el de Palmar, refleja la intensificación de la represión contra comunicadores y sus colaboradores en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro, especialmente tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. Este artículo examina su perfil político, las circunstancias de su detención y las reacciones nacionales e internacionales, basado en información recopilada hasta el 22 de julio de 2025.
Perfil Político y Trayectoria Profesional
No se dispone de información detallada sobre la edad, formación o trayectoria profesional de Belices Salvador Cubillán, pero se sabe que trabajaba como asistente técnico del periodista Leandro Palmar, apoyándolo en la cobertura de eventos sociales y políticos, según un artículo de El Tiempo. Su labor consistía en asistir en la producción de contenido periodístico, probablemente manejando equipos técnicos como cámaras o sonido, lo que lo vinculaba directamente a la prensa independiente en Venezuela. Aunque no está afiliado a un partido político, su trabajo con Palmar, quien cubría protestas opositoras, lo posiciona como un actor en la esfera de la disidencia al régimen, ya que informar sobre la realidad social en Venezuela es considerado un acto de oposición en el contexto actual.
Cubillán operaba en un entorno hostil para la prensa, donde los comunicadores y sus colaboradores enfrentan riesgos constantes de detención, intimidación y censura, según un informe de Espacio Público. Su rol, aunque técnico, era esencial para documentar protestas y visibilizar las demandas de la oposición, lo que lo convirtió en un blanco de la represión gubernamental tras las elecciones de 2024, según LatAm Journalism Review.
Detención como Preso Político
El 9 de enero de 2025, Belices Salvador Cubillán y el periodista Leandro Palmar fueron detenidos por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mientras cubrían una protesta opositora en Maracaibo, estado Zulia, según un artículo de El Tiempo. La detención ocurrió sin orden judicial, y sus familias no fueron informadas de su paradero hasta el día siguiente, según un X post del SNTP (@sntpvenezuela). El 12 de enero de 2025, fueron presentados ante un tribunal y acusados de «terrorismo», «incitación al odio», «asociación para delinquir» y «alteración del orden público», según el SNTP. Estos cargos, comunes en la persecución de opositores y comunicadores, carecen de pruebas públicas y son considerados fabricados por organizaciones de derechos humanos, según Amnistía Internacional.
Cubillán y Palmar fueron privados de libertad en el Destacamento 111 de la GNB en Maracaibo, un centro de reclusión militar no destinado a civiles, según un X post de VPItv (@VPITV). No se les permitió acceso a defensa privada, y se les asignó un defensor público, violando su derecho al debido proceso, según El Tiempo. La detención ocurrió en el contexto de una crisis política tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como ganador, desatando protestas y una ola de represión con 1,315 detenciones arbitrarias verificadas por Foro Penal entre julio y agosto de 2024.
Condiciones de Detención y Estado de Salud
Cubillán permanece incomunicado en el Destacamento 111 de la GNB, sin acceso a visitas familiares ni a abogados de su elección, según el SNTP. Las condiciones en centros de detención militares como este son inhumanas, con hacinamiento, falta de alimentos y atención médica, según un informe de Human Rights Watch sobre cárceles venezolanas. No hay información específica sobre su estado de salud, pero la incomunicación prolongada y las condiciones de reclusión generan preocupación, especialmente considerando el historial de torturas y malos tratos en instalaciones similares, según Amnistía Internacional.
El SNTP denunció que Cubillán y Palmar fueron intimidados durante su detención, con amenazas para evitar que su caso se difundiera, según El Tiempo. La falta de transparencia sobre su situación agrava la incertidumbre de sus familias, que han recorrido centros de detención sin obtener información, según un X post de @VPITV.
Reacciones Nacionales e Internacionales
La detención de Cubillán y Palmar ha generado una fuerte condena dentro y fuera de Venezuela. El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Zulia rechazó «contundentemente» la criminalización de su labor, calificándola como una «flagrante violación a sus derechos y a la libertad de prensa», según El Tiempo. El SNTP exigió su liberación inmediata y llamó a las autoridades a garantizar sus derechos fundamentales, según un X post del 12 de enero de 2025 (@sntpvenezuela).
Organizaciones internacionales como Reporters Without Borders (RSF), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), y Amnistía Internacional han condenado la detención, situándola en el contexto de la persecución a la prensa. RSF reportó que Cubillán es parte de los 16 periodistas y trabajadores de medios detenidos entre 2024 y 2025, con 8 aún presos, según LatAm Journalism Review. Amnistía Internacional destacó que las detenciones de comunicadores son parte de un patrón de violaciones de derechos humanos, exigiendo información sobre su paradero. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH instó al gobierno venezolano a cesar la persecución y garantizar el debido proceso, según un informe de IFEX.
A nivel local, activistas como Carlos Correa, director de Espacio Público, denunciaron en X (@espaciopublico) la detención como un intento de silenciar a la prensa independiente. La oposición, incluyendo la Plataforma Unitaria Democrática, ha señalado que el caso de Cubillán refleja la represión postelectoral, con detenciones masivas de manifestantes, testigos electorales y comunicadores, según Infobae.
Contexto de la Represión Política en Venezuela
La detención de Cubillán debe entenderse en el marco de una represión intensificada tras las elecciones de julio de 2024, consideradas fraudulentas por la oposición y observadores internacionales como el Centro Carter. Foro Penal reportó 927 presos políticos al 2 de junio de 2025, con 831 hombres, 96 mujeres, 758 civiles y 169 militares. Entre julio y agosto de 2024, se verificaron 1,315 detenciones arbitrarias, incluyendo 69 adolescentes, según Americas Quarterly. Estas detenciones incluyeron ingresos a viviendas sin órdenes judiciales, desapariciones forzadas y torturas, según Human Rights Watch.
El régimen utiliza cargos como «terrorismo» e «incitación al odio» para criminalizar a comunicadores y opositores, según IPYS, que documentó 54 ataques a la prensa en 2025, incluyendo detenciones y confiscaciones de equipos. Venezuela lidera la región en encarcelamientos de periodistas, superando a Nicaragua y Guatemala, según LatAm Journalism Review.
