Nelson Piñero, nacido en 1964, es un activista regional de Encuentro Ciudadano, un partido opositor fundado por la exdiputada Delsa Solórzano en 2021, enfocado en la defensa de la democracia y los derechos humanos. Aunque no ocupa cargos formales, Piñero se ha destacado por su activismo en redes sociales, donde critica abiertamente la gestión del régimen chavista, incluyendo temas como el fraude electoral, la corrupción y el referéndum sobre el Esequibo. El 21 de noviembre de 2023, el día de su detención, publicó mensajes cuestionando el simulacro del referéndum consultivo sobre Guyana Esequiba, citando declaraciones contradictorias de funcionarios como Elvis Amoroso y Jorge Rodríguez, según El Pitazo.
Su perfil político se centra en la promoción de la libertad de expresión y la unidad opositora, alineándose con la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Piñero no tiene una trayectoria profesional pública detallada, pero su rol como militante de Encuentro Ciudadano lo posicionó como una voz crítica en Carabobo, un estado clave para la oposición. Según Delsa Solórzano, su detención es un ejemplo de cómo el régimen viola el derecho a opinar, según Infobae. Su activismo digital, aunque no formal, lo convirtió en un blanco del régimen, que usa la Ley Contra el Odio de 2017 para criminalizar publicaciones en redes, según El País.
Detención como preso político
El 21 de noviembre de 2023, alrededor de las 11:00 p.m., funcionarios del SEBIN irrumpieron en la casa de Piñero en Valencia sin orden de allanamiento, según El País. Ante su negativa a abrir la puerta, treparon las paredes e ingresaron por las ventanas, deteniéndolo frente a su padre de 83 años y su hijo de 13, según Infobae. Fue trasladado a la sede del SEBIN en Naguanagua, donde funcionarios le informaron que estaba detenido «por cosas de Twitter», según El Pitazo.
El 23 de noviembre de 2023, el Tribunal Primero de Control del estado Carabobo dictó medida privativa de libertad por «instigación al odio», argumentando que sus publicaciones eran críticas contra Maduro, según El País. Foro Penal lo calificó como preso político, sumándolo a los 272 reportados en noviembre de 2023, según Voz.us. Su detención se enmarca en la persecución post-primarias opositoras de octubre de 2023, con al menos 300 arrestos por opiniones en redes, según Delsa Solórzano.
Condiciones de detención y estado de salud
Piñero permanece recluido en la sede del SEBIN en Naguanagua, donde enfrenta condiciones inhumanas, incluyendo negación de medicamentos y visitas familiares, según su hermana Esperanza Piñero, citada en El Nacional (enero 2024). Padece hipertensión, diabetes y problemas renales, sin tratamiento desde diciembre de 2023, lo que ha causado episodios de taquicardia y ansiedad, según El Carabobeño. Ha sido evaluado dos veces por el médico forense, pero no recibe atención adecuada, según su hermana. La sede del SEBIN es conocida por torturas y aislamiento, según Human Rights Watch.
En enero de 2024, Esperanza denunció que Piñero no recibe comida ni ropa, y su detención afecta a su hijo de 14 años, de quien tiene la patria potestad, según Una Ventana a la Libertad. A agosto de 2025, su salud sigue deteriorándose, con Foro Penal exigiendo su excarcelación humanitaria, según su reporte de julio de 2025.
Reacciones nacionales e internacionales
La detención de Piñero generó inmediata condena. Delsa Solórzano denunció el arresto como un ataque a la libertad de expresión, según Infobae, y lo presentó ante la ONU y la Misión Internacional de Determinación de Hechos sobre Venezuela. La Plataforma Unitaria exigió su liberación, denunciando la violación de la Ley Contra el Odio, considerada inconstitucional, según El País. Primero Justicia y Vente Venezuela condenaron el acto, según Voz.us.
Foro Penal lo clasificó como preso político, sumándolo a su lista, según su tuit de noviembre de 2023. Provea, a través de Rafael Uzcátegui, lo vio como un «acorralamiento al derecho de libertad de expresión», según El Pitazo. El coordinador de Provea enfatizó la necesidad de transición democrática para restaurar el Estado de derecho.
Internacionalmente, Amnistía Internacional y la CIDH documentaron su caso como arbitrario, según Al Jazeera. La ONU y la Misión de Hechos han incluido denuncias sobre su detención, exigiendo investigaciones, según El País.
