Rocío del Carmen San Miguel Sosa, nacida en 1967, es una abogada y profesora venezolana con nacionalidad española, reconocida por su labor como presidenta de Control Ciudadano, una ONG fundada en 2005 que promueve la transparencia y la contraloría ciudadana en temas de seguridad, defensa y Fuerzas Armadas. Su trabajo se centra en cinco principios: respeto a los derechos humanos, transparencia, democracia, participación y Estado de Derecho, según la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). San Miguel ha documentado torturas, muertes, detenciones arbitrarias y presuntos actos de corrupción en el sector militar, lo que la ha convertido en una de las voces más respetadas y críticas sobre el mundo castrense chavista, según El País.
Antes de fundar Control Ciudadano, San Miguel trabajó en el Consejo Nacional de Fronteras, un organismo gubernamental, hasta 2004, cuando fue despedida por firmar la «Lista Tascón», una petición para activar un referendo revocatorio contra Hugo Chávez. Este despido, junto con el de cientos de funcionarios públicos, la llevó a denunciar la persecución política ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En 2018, obtuvo una sentencia favorable en el caso «San Miguel Sosa y otras vs. Venezuela», que el gobierno venezolano no ha cumplido, según El País. En 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a San Miguel y su hija debido al acoso y amenazas por su labor, según France24.
San Miguel ha sido una crítica vocal del régimen chavista, alertando sobre la militarización del gobierno y los abusos de poder. En 2023, criticó el referéndum sobre el Esequibo convocado por Maduro, advirtiendo sobre el riesgo de un conflicto con Guyana, según El País. Aunque no está afiliada a un partido político, su activismo la alinea con la oposición al régimen, especialmente en un contexto electoral donde la represión se intensificó, según BBC News Mundo.
Detención como Presa Política
El 9 de febrero de 2024, Rocío San Miguel fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cerca de Caracas, mientras intentaba viajar a Miami con su hija, Miranda Díaz San Miguel. La detención, ejecutada por agentes del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) y posteriormente por el SEBIN, se produjo sin notificación inicial, configurando una breve desaparición forzada, según Amnistía Internacional. Junto a ella, fueron arrestados su hija, dos hermanos (Miguel Ángel y Alberto San Miguel), su exesposo Alejandro González Canales, y el padre de su hija, Víctor Díaz Paruta. Cuatro de ellos fueron liberados el 13 de febrero de 2024 con medidas restrictivas, pero San Miguel y González Canales permanecen detenidos.
El fiscal general Tarek William Saab vinculó a San Miguel con la supuesta trama «Brazalete Blanco», un presunto complot para asesinar a Maduro y otros funcionarios, según El Nuevo Herald. Fue acusada de «traición a la patria», «conspiración», «terrorismo» y «asociación para delinquir», cargos que su defensa y organizaciones como Provea consideran fabricados y sin pruebas, según Infobae. San Miguel fue presentada ante el Tribunal Segundo Contra Terrorismo el 12 de febrero de 2024, sin acceso a abogados de su confianza, y trasladada a El Helicoide, un centro de detención conocido por torturas y condiciones inhumanas, según The New York Times.
Condiciones de Detención y Estado de Salud
San Miguel permanece incomunicada en El Helicoide, sin acceso regular a su familia ni a abogados de su elección, según su abogado Juan González Taguaruco, citado por Voz de América. Sufre una fractura en el hombro derecho desde una caída causada por laberintitis en 2023, que no ha recibido atención médica adecuada, según Infobae. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció en abril de 2025 que esta falta de tratamiento pone en riesgo su salud física y emocional, pudiendo causar secuelas irreversibles. Provea, en un X post del 9 de febrero de 2025, exigió una «medida humanitaria» para que sea operada en libertad, destacando el riesgo de someterla a cirugía en un centro con antecedentes de tortura.
Su juicio, iniciado el 11 de febrero de 2025, ha sido aplazado en cuatro ocasiones, la más reciente del 31 de marzo al 26 de mayo de 2025, por «falta de traslado» al tribunal, según Acceso a la Justicia. Esta demora procesal, junto con la falta de acceso a defensa técnica, constituye una violación al debido proceso, según Amnistía Internacional.
Reacciones Nacionales e Internacionales
La detención de San Miguel ha generado una amplia condena. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) exigió su liberación por razones humanitarias el 9 de febrero de 2025, denunciando violaciones a su derecho a la defensa y al debido proceso, según Infobae. María Corina Machado, líder de Vente Venezuela, calificó el arresto como parte de una «arremetida represiva» del régimen, pidiendo solidaridad internacional. El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció un «patrón sistemático de criminalización» contra San Miguel, según Infobae.
Organizaciones como Amnistía Internacional, Provea, y la CIDH han calificado la detención como arbitraria y una desaparición forzada breve, exigiendo su liberación inmediata y el respeto a las medidas cautelares de 2012. El Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, expresó su «profunda inquietud» el 13 de febrero de 2024, y la ONU fue expulsada de Venezuela días después por denunciar el caso, según Wikipedia. El Panel de Expertos de la OEA señaló que su detención se alinea con un patrón de crímenes de lesa humanidad.
Gobiernos como Estados Unidos, España, y Uruguay han condenado el arresto. El Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. instó a Maduro a cumplir los Acuerdos de Barbados, que prometían elecciones justas. El canciller español José Manuel Albares expresó preocupación en una llamada con su homólogo venezolano, según El Mundo. Uruguay llamó a su embajador en consulta, denunciando la contradicción con los compromisos democráticos, según Wikipedia. Una vigilia en Madrid exigió su liberación, según El País.
Contexto de la Represión Política en Venezuela
La detención de San Miguel se enmarca en una ola de represión intensificada tras las elecciones de 2024. Foro Penal reportó 927 presos políticos al 2 de junio de 2025, incluyendo 831 hombres y 96 mujeres, con 1,315 detenciones postelectorales desde julio de 2024, según su sitio web. Provea destacó que 121 mujeres están presas por motivos políticos, incluyendo a San Miguel, según Infobae. La represión ha incluido ataques a sedes de partidos opositores y detenciones de activistas de Vente Venezuela, según BBC News Mundo.
El régimen ha utilizado cargos como «terrorismo» y «conspiración» para justificar detenciones, a menudo sin pruebas, según Human Rights Watch. La aprobación de una ley para restringir ONG en la Asamblea Nacional agrava el cierre del espacio cívico, según OMCT. La detención de San Miguel, una figura moderada con reconocimiento internacional, envía un mensaje de intimidación a la sociedad civil, según The New York Times.
