Por Carlos Sánchez Berzaín
La dictadura de Venezuela presenta al mundo el más irracional periodo de transición entre la elección del 28 de Julio (28-J) y la juramentación del presidente electo Edmundo González les Urrutia el próximo 10 de enero, con represión y terrorismo de Estado como último recurso para retener el poder. Las acciones criminales del socialismo del siglo 21 en Venezuela buscan infundir miedo a la población para desanimarla en el cumplimiento del triunfo electoral, forzar una nueva ola migratoria, desorganizar la dirigencia opositora y eliminar política o físicamente a María Corina Machado. Esta situación impone iniciativas e instalar la transición.
En la estrategia de terrorismo de Estado de la dictadura castrochavista se ejecuta el desmantelamiento de la organización electoral y política de la oposición victoriosa. Todos los líderes están perseguidos, muchos presos y bajo tortura, otros están retenidos en la Embajadas de Argentina en Caracas, otros exiliados, el presidente electo está protegido en Europa y la líder María Corina Machado está forzada a la clandestinidad en territorio venezolano.
El propósito del socialismo del siglo 21 es descabezar la dirigencia de la oposición victoriosa para dejar sin conducción al pueblo venezolano. Buscan hacer inoperable la oposición real para dar espacio a la oposición funcional, desanimando a los votantes que el 28-J repudiaron a Nicolás Maduro y a la dictadura/narcoestado que representa.
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Este escenario irracional, ratifica como una victoria estratégica que el presidente electo Edmundo González Urrutia esté protegido en Europa y que María Corina Machado desafíe al terrorismo de Estado desde la clandestinidad en territorio venezolano, pero presenta la necesidad de iniciativas que pongan en el escenario de la democracia la transición y excluyan el de la violencia del régimen en los casi tres meses que restan hasta el 10 de enero 2025 González Urrutia sea el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
La manera de defender y hacer cumplir el triunfo del 28-J, es utilizar los mecanismos de la democracia y hacerlo de manera pública y notoria. El pueblo venezolano debe estar informado de las acciones que sus líderes toman para hacer respetar su voluntad soberana, y para que la comunidad internacional acompañe las acciones del nuevo poder político de Venezuela. Se trata de que González Urrutia y Machado presenten los mandos y acciones concretas con las que a partir de ahora y con acciones de gobierno desde el 10 de enero ejercerán la recuperación de la libertad y la democracia en Venezuela.
El tiempo de la transición es la antesala del plan de un gobierno de recuperación de la democracia, que no es un plan ordinario de gestión, porque se trata de la restauración de los elementos esenciales de la democracia, de un proceso de reencuentro nacional sin impunidad y la más rápida recuperación de las condiciones de normalidad. Que la oposición victoriosa ponga en marcha una agenda abierta y pública de transición es importante en condiciones normales, pero es imprescindible cuando la dictadura derrotada se resiste a entregar el poder por medio del terrorismo de Estado.
Entre las iniciativas necesarias está en primer lugar nombrar y activar un “equipo de transición” con competencia nacional e internacional, con comisiones de tres o más miembros en las áreas de Relaciones Exteriores, Defensa, Interior o Gobierno, Economía, Petróleo, Educación, y más.
El artículo 236 inc. 20 de la Constitución de Venezuela otorga al Presidente la potestad de “fijar el número, organización y competencia de los ministerios y otros organismos de la Administración Pública Nacional, así como también la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros…”, de donde es muy importante que en breve se señale por Gonzales Urrutia y Machado esta organización, que es la base de la administración y gobernabilidad. Existen diversas formas de organización y competencia de los ministerios, pero sin duda no se puede mantener el de la dictadura y habrá que pensar en la pertinencia de un primer ministro, premier o jefe de gabinete.
La dictadura derrotada ha impuesto un sistema de falsa legalidad, aprobando y aplicando leyes, resoluciones y normas que son “leyes infames” que defino como aquellas que “en su forma o contenido violan los derechos humanos y/o las libertades fundamentales”. Es muy importante que en el periodo de transición, tales normas sean identificadas, clasificadas y puestas en conocimiento del pueblo venezolano y el mundo para que sean declaradas nulas y sin valor como uno de los primeros actos del nuevo gobierno, en aplicación del artículo 138 de la Constitución de Venezuela que establece “toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.
El equipo de transición tiene autoridad por la legitimidad que le da la victoria del 28-J y debe empezar a pedir informes a los funcionarios del régimen recordándoles que por mandato del artículo 139 de la Constitución “el ejercicio del poder público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación del poder o por violación de la Constitución o la ley”. Y más….
No se trata de negociar con el ya arrinconado Nicolás Maduro y la dictadura trasnacional que ocupa Venezuela, hay que ejecutar la victoria del 28-J con iniciativas democráticas.
