Por Ibéyise Pacheco
En Venezuela arrancó una reducción de la jornada laboral, consecuencia de la destrucción del sistema eléctrico. Los hechos que han llevado a este colapso no son ni la sequía, ni las iguanas, ni los cuentos de conspiración. Todas son coartadas, inventos de la dictadura para intentar evadir lo que el venezolano promedio tiene muy claro, y es que la corrupción, unida a la impericia y la falta de profesionalismo, mantienen el país en un solo apagón.
Este nuevo plan de racionamiento anunciado para seis semanas y que muy probablemente se va a extender, pretende postergar lo que el país teme: un apagón nacional que para algunos expertos es inminente.
El diagnóstico del sistema eléctrico venezolano hace mucho que está en Miraflores sin que los responsables tomen las medidas necesarias. Pero no lo hacen ni lo harán porque la dictadura ha convertido la tragedia venezolana en su negocio.
Las cifras aportadas por Transparencia Venezuela hablan por sí solas: más de 29 mil millones de dólares ha desembolsado Venezuela desde el año 2010 para el sistema eléctrico.
Cada apagón al igual que cada plan de racionamiento, afecta sensiblemente la actividad económica, el servicio asistencial, la vida académica y algo muy importante, perjudica el ejercicio de la libertad de información y de expresión al impedirle a los venezolanos estar al tanto de opinar y de enterarse de la realidad del país.
Las cifras actuales son demoledoras. Una encuesta del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos indica que 34,3 por ciento no tiene servicio estable de energía las 24 horas, y que solo 1,1 por ciento declara no haber sufrido cortes del servicio eléctrico.
Se trata de una crisis prolongada que tuvo su génesis en la estatización, la cual ha resultado un desastre. La unificación de empresas privadas, públicas y mixtas que operaban eficientemente en cada región han terminado en un mamotreto gigantesco llamado Corpoelec que solo ha significado corrupción e ineficiencia operativa sin que se adelanten proyectos de ampliación o potenciación de las plantas eléctricas, termoeléctricas, o de las turbinas del Guri.
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Ya en el año 2009 comenzaron a hacerse inocultables las evidencias de destrucción del sistema. ¡Hace 16 años! Tiempo en el que jamás se ha planificado o ejecutado una política de selección de profesionales capacitados para afrontar el problema y de dirigir proyectos para solucionarlo; prueba evidente es el desfile de ineptos que han pasado por el cargo de ministro para la Energía Eléctrica.
El diagnóstico presente es pavoroso. Muchas plantas (en especial las termoeléctricas) están deterioradas, paralizadas y operando al 30 por ciento de su capacidad. Además, las redes de transmisión es decir los transformadores, las torres y las subestaciones están obsoletas y han sido vandalizadas.
Los apagones han agravado la crisis con el sufrimiento de dejar sin agua y a oscuras aeropuertos y hospitales; que lo digan los pacientes renales que dependen de la diálisis para sobrevivir, o los médicos que han operado con sus teléfonos móviles.
Y hay que repetirlo: la corrupción. Sólidos informes registran que entre 2010 y 2014 fueron aprobados 40 proyectos con sobreprecio de miles de millones de dólares.
A los bolichicos con su empresa Derwick Associates les fueron entregados 11 contratos para la construcción de plantas termoeléctricas por un valor estimado entre 2.2. y 5 mil millones de dólares, así como la provisión de equipos incluyendo turbinas que resultaron ser de segunda y tercera mano, cobradas como nuevas.
Fueron proyectos sobrevalorados entre los 800 millones de dólares hasta los 2 mil 900 millones de dólares que significan un sobreprecio de 138 por ciento.
Otro robo fueron los contratos otorgados a la constructora brasileña Odebrecht de la que el operador financiero fue el mismo presidente Ignacio Lula Da Silva quien logró 40 contratos suscritos como mínimo.
En este caso, funcionarios de Odebrecht admitieron haber pagado 98 millones de dólares en sobornos a funcionarios venezolanos para asegurar contratos de obras públicas en el país. Ni uno de esos funcionarios ha sido investigado, mucho menos detenido.
Brasil, por cierto, y otra vez con Lula a la cabeza, anunció recientemente la reanudación de la importación de energía eléctrica para Roraima. Es decir, en esta crisis, entregamos electricidad. Es el precio que pagamos los venezolanos por la desesperación de Maduro para mantener ese apoyo político.
Está claro que con este régimen es imposible recuperar el sector eléctrico. Mientras ellos estén en el poder las plantas operativas seguirán inservibles, las redes de distribución no volverán a funcionar, ni alcanzaremos la necesaria diversificación energética (en hidroeléctrica, térmica y solar), ni tampoco habrá mantenimiento y mucho menos mejorará la gestión profesional. Jamás habrá seguridad jurídica, ni honestidad ni transparencia.
El afán de la tiranía está en construir falsas versiones futuristas como la de Diosdado Cabello que anunció que María Corina Machado, Edmundo González y el líder político y sindical Andrés Velásquez, planifican atacar el sistema eléctrico además de acueductos e instalaciones petroleras. Pura paja.
